El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer una transferencia de créditos al Servicio Andaluz de Empleo, por valor de 9 millones de euros con destino a dar cobertura al programa de ayudas para los centros especiales de empleo. El Gobierno andaluz cumple así con una parte del pago de la deuda a los centros que emplean a discapacitados, que suma más de 70 millones de euros en toda la comunidad. 14 de estos millones son impagos a las asociaciones malagueñas. Los centros especiales de empleo son empresas que cuentan en sus plantillas con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad y actualmente suman 527 en la comunidad autónoma. La Junta respalda este año a estas sociedades con un total de 29 millones de euros, que permiten el mantenimiento de 11.782 empleos.
El apoyo se materializa a través de una convocatoria de incentivos dirigidos a financiar los costes salariales de los puestos de trabajo ocupados por las personas con discapacidad. La cuantía de la ayuda equivale a un máximo del 50% del Salario Mínimo Interprofesional en los casos de periodos de ocupación superiores a un mes y jornadas laborales a tiempo completo.
En Málaga, los impagos de la Junta podrían afectar a un total de 2.250 personas con discapacidad intelectual, física y sensorial, que podrían perder sus puestos de trabajo en los próximos meses a consecuencia del cierre de los centros especiales de empleo. La situación de estos centros es crítica debido al incumplimiento de los compromisos por parte de la Junta, que debe a los 71 que funcionan en la provincia de Málaga la totalidad de los pagos referentes a 2014 y 2015. Estos centros empezaron el lunes una caminata a pie desde Antequera hasta Sevilla, a donde esperan llegar para exigir el pago de la totalidad de la deuda. Está previsto que hoy lleguen a Estepa tras pernoctar en Fuente de Piedra.
