La juez que investiga los ERE ha concretado once imputaciones por las ayudas que recibió la empresa Aceitunas y Conservas (ACYCO) en una de las seis piezas piloto del nuevo diseño del caso, que elaboró este mes para que se enjuicien en 2016 y sirvan de pauta para el resto de la instrucción.

Las nuevas imputaciones se suman a las 52 que la juez María Núñez hizo en otra de las seis piezas, en este caso por presunta prevaricación y relativa a los políticos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los 52 responsables políticos serían, según la juez, los que crearon y pusieron en marcha el denominado «procedimiento específico» desarrollado por la Junta de Andalucía para pagar las ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre 2001 y 2010, que sumaron 855 millones de euros.

Entre los once imputados en ACYCO, empresa cuyo ERE supuso un coste para la Junta de 2,8 millones de euros, la juez incluye al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, a los ex directores generales de la misma consejería Daniel Rivera, Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero, y a un amigo de éste, Andrés Carrasco, que percibió 130.105 euros sin trabajar en la empresa.

Los responsables políticos imputados en esta pieza también lo están en la relativa a los 52 dirigentes de la Junta de Andalucía del «procedimiento específico». Con este procedimiento se inició la implantación del sistema de transferencias de financiación como sistema de ayudas a las empresas.