Educación

Andalucía presentará un requerimiento al Gobierno para que retire la reválida

La Junta critica la falta de diálogo del Gobierno central y sostiene que el proceso ha tenido graves defectos

17.12.2015 | 05:00
La consejera de Educación, Adelaida de la Calle.

­La Junta de Andalucía va a presentar un requerimiento formal al Ministerio de Educación para que retire del Real Decreto 1058/2015 por el que se regulan las características generales de la prueba de evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para así intentar «desde el diálogo y la negociación» la retirada de esta reválida antes de tener que recurrir la medida al Tribunal Supremo (TS).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, explicó que los servicios jurídicos estudian la posibilidad de recurrir dicho decreto «por sus graves defectos en su proceso de tramitación y de consulta a las comunidades autónomas», y que analizan actualmente la fórmula «más oportuna» para lograr la retirada o derogación.

Criticó que el Ministerio ha aprobado esta normativa básica «sin el preceptivo informe de la Conferencia Sectorial y sin contar con el consenso que es imprescindible para un norma como esta, así como todo lo que atañe a la educación». «Ya lo hizo con la LOMCE, al aprobarla sin diálogo, y ahora lo ha vuelto a hacer en su aplicación», apostilló.

Por eso, puntuó al Gobierno de España con «un cero en diálogo», y explicó que aunque los servicios jurídicos de la Junta están estudiando un recurso para pedir la retirada de esta norma, previamente van a presentar este requerimiento formal para intentar, «desde el diálogo y la negociación», la retirada de esta reválida.

Según expuso Vázquez, merced del informe que ha presentado la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, al Consejo de Gobierno, el modelo de reválida recogido en el Real Decreto va a «provocar incertidumbre, inquietud y tensión externa al alumnado, a sus familias y al profesorado, además de afectar negativamente al normal desarrollo del calendario escolar por su complejidad organizativa y un coste económico sin financiación estatal».

Además, señaló la consejera en su informe que la norma estatal impone a las comunidades autónomas la obligación de diseñar, aplicar y corregir unos exámenes destinados al alumnado de sexto de Primaria.

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