El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de Servicios Sociales, una norma pionera en España que convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia, además de establecer nuevos derechos como la libre elección. Según explicó la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, este proyecto normativo introduce como principales novedades la ampliación de derechos, el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas que podrán ser exigibles por la ciudadanía, la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.
La consejera aseguró que este proyecto de ley supone un «avance muy importante» como garantía de derecho, así como que «inicia un camino importante en la consolidación del sistema público de derechos sociales, fundamental como cuarto pilar del estado del bienestar». Sánchez Rubio indicó que establece una garantía en el acceso al servicio y en la protección de las personas que tienen especiales dificultades y se trata de una norma «centrada en las personas» y que tiene carácter de «universalidad, de equidad y, por tanto, de justicia».
«Es una ley necesaria», defendió la consejera para indicar que «supone un salto cualitativo del que se beneficiarán todas las personas que viven en nuestro territorio», a la par que indicó que los extranjeros que no tienen legalizada su residencia en Andalucía tienen acceso a estas prestaciones «en las mismas condiciones» que a las coberturas del sistema sanitario.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales indicó que el proyecto se ampara en el Estatuto de Autonomía, que «es la normativa básica que nos permite legislar una ley con carácter de derecho y de exigencia también en los tribunales» que va a situar a Andalucía «a la cabeza» puesto que propone un sistema público de servicios sociales similar al sistema público de salud.
El texto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, ha contado con 2.119 aportaciones de corporaciones locales, consejerías de la Junta, colegios profesionales, agentes económicos y sociales, y otras organizaciones de la sociedad civil. Sus objetivos se dirigen a prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio; mejorar su bienestar y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.
La futura ley sustituirá a la vigente desde 1988, e introduce los nuevos derechos tales como que la persona usuaria podrá decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones.
El proyecto de ley tiene una memoria económica de 1.725 millones de euros para el 2016, mientras que los ayuntamientos contarán con un crédito de 550 millones que les transferirá la Junta, ya que desarrollarán gran parte de los servicios que contempla la ley.
