La presidenta andaluza, Susana Díaz, y sus antecesores en el cargo Manuel Chaves y José Antonio Griñán tendrán que declarar en la comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta, después de que PP, Podemos y Ciudadanos coincidieran en esta petición.

Los partidos registraron este martes sus propuestas definitivas de comparecientes, cuya decisión final tendrá que ser acordada el viernes en la próxima reunión prevista.

La coincidencia de PP, Ciudadanos y Podemos para que comparezcan Díaz, Chaves y Griñán aporta la mayoría suficiente para asegurarse que estos tengan que acudir a la comisión de investigación parlamentaria que busca esclarecer el presunto fraude de los cursos de formación en Andalucía desde el año 2002 hasta la actualidad.

El grupo parlamentario de IU no contempla a estos comparecientes, pero subraya que no se opondrá a ellos, lo que deja en solitario al PSOE, el único partido que decidió no hacer pública ayer su propuesta.

Los socialistas apuntaron en su día su intención de llamar a declarar a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, petición en la que coinciden con Podemos y Ciudadanos, y que por tanto también tendría mayoría y obligaría a declarar a la dirigente popular.

Además de Díaz y los expresidentes, el PP ha pedido un centenar de comparecientes, la mitad de ellos altos cargos o ex altos cargos de la Junta, principalmente de las cúpulas de las consejerías de Hacienda, Empleo y Educación durante la época investigada.

Toda la oposición coincide en reclamar la presencia en la comisión de los seis consejeros de Empleo desde 2002, entre ellos José Antonio Viera -uno de los principales investigados en los ERE- y el actual titular del departamento, José Antonio Maldonado.

El PP pretende asimismo que declaren las actuales consejeras de Hacienda y Educación, María Jesús Montero y Adelaida de la Calle, y la exresponsable de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.

Ciudadanos suma a este nutrido grupo la petición de comparecencia de la exconsejera de Educación Mar Moreno, quien decidió suspender la concesión de los cursos en 2011.

Los grupos también inciden en la necesidad de que declaren los empresarios que presuntamente se han enriquecido y los directivos de «empresas fantasma» o «cazadores de subvenciones», entre los que incluyen al exconsejero Ángel Ojeda, a Rafael Velázquez y al alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado.