El exconsejero de Empleo Antonio Fernández negó ayer en su declaración ante la juez que instruye el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, que tuviera alguna participación o conocimiento concreto del expediente de regulación de empleo de 2003 de la empresa pública Egmasa, que le costó a la Junta 21,6 millones.
Fernández, que compareció ayer por sexta vez en este caso, fue citado por su participación en el presunto desvío de fondos públicos del ERE de Egmasa, que afectó a 373 trabajadores.
El letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, informó a los periodistas de que su defendido dijo a la juez que «para nada tuvo conocimiento concreto» de esta ayuda y negó su participación en ese ERE. Así, dijo que en este caso tuvo «cero competencias y cero intervención».
El abogado manifestó que la competencia para formalizar el ERE nunca es del consejero o viceconsejero, y recordó que «otra cosa» es la ayuda, que es competencia de la Dirección General de Trabajo. El exconsejero puntualizó que en algunos casos, donde los ERE se hicieron públicos o tuvieron trascendencia mediática, sí pudo tener conocimiento de ellos, pero «en este caso no».
En esta causa también ha sido citado para el 10 de febrero el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que ya declaró ante el Tribunal Supremo porque era diputado y lo hará por primera vez ante la juez, junto a otros cinco investigados y dos testigos.
Núñez Bolaños ha abierto una pieza separada por este ERE y ha citado en total a quince investigados tras la petición que le hizo la Fiscalía Anticorrupción. La juez entiende que en la concesión de esta ayuda se pudieron cometer los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y añade que en la concesión de esta subvención «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», lo que puede ser «causa de nulidad de pleno derecho».
