Comisión de investigación

Los interventores denuncian la falta de medios para controlar los cursos

Señalan que no hay personal suficiente para revisar los expedientes de concesión de subvenciones

05.03.2016 | 05:00
Los diputados que integran la comisión de investigación.

Los interventores provinciales de la Junta en Almería y Cádiz, Juan José Castillo y Nieves Chao, respectivamente, coincidieron ayer en la escasez de recursos humanos para revisar los expedientes de concesión de subvenciones de los cursos de formación.

Castillo y Chao abrieron ayer la primera ronda de comparecencias ante la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta entre 2002 y la actualidad, que incluirá a 69 personas y entidades.

Según Castillo, en la intervención de Almería sólo son siete funcionarios y «la mayoría del grupo C», que globalmente tienen que revisar más de 20.000 expedientes, entre los que se incluyen los de la formación.

Por su parte, Chao señaló que ni antes ni ahora ha contado «ni muchísimo menos» con los instrumentos necesarios para realizar el control y alertó de que se necesitaría «personal especializado, cualificado y de forma permanente».

Ambos interventores coincidieron también en que no creen que haya un «menoscabo» de fondos públicos en las subvenciones porque los expedientes no han prescrito y existe posibilidad de reintegro.

La interventora en Cádiz afirmó que la normativa de control de los fondos de los cursos era «muy mejorable», aunque no halló ningún documento que tuviera que ser puesto en conocimiento de las autoridades judiciales.

También el interventor de Almería indicó que no se han detectado irregularidades que causaran alarma, sino errores de tipo administrativo, y aseguró que el órgano gestor aceptó todas las recomendaciones que hicieron.

Sobre si comparte que desde la Junta se haya actuado deliberadamente para beneficiar a determinadas empresas, Castillo dijo que no concibe que los funcionarios «actúen así», aunque desconoce si se hubiera podido producir desde otras instancias. «Yo no tengo fundamento para poder afirmarlo», precisó Castillo, que admitió que la intervención se nutre de una serie de funcionarios de distintos grupos y algunos no estaban muy preparados, pero subrayó que disponían de una guía «muy exhaustiva» para poder hacer el control.

La interventora de Cádiz indicó que el informe especial elaborado por su departamento en junio de 2015 «está lleno de limitaciones» porque para realizarlo no se contó con toda la «amplísima» documentación y que «el desorden de los expedientes fue la gran dificultad del trabajo».

Chao explicó que tras detectar irregularidades como empresas no acreditadas debidamente o alumnos que no cumplían los requisitos para acceder a los cursos se dio traslado del informe al Servicio Andaluz de Empleo y a la Consejería de Educación, que no presentaron alegaciones al mismo.

Al término de las comparecencias, la representante del PP en la comisión de investigación Teresa Ruiz Sillero consideró que la posibilidad de que se produzca menoscabo de los fondos públicos «sigue abierta».

Por el contrario, el diputado del PSOE Rodrigo Sánchez de Haro interpretó que «ha quedado muy claro que no ha existido menoscabo para los fondos públicos» y que no se ha cometido «ningún ilícito penal del que hubiera habido necesidad de dar traslado a los juzgados o al fiscal».

El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe manifestó que de las comparecencias de ayer se deduce que la legislación relativa a las ayudas de los cursos de formación estaba diseñada «para permitir la sangría» de fondos públicos.

La parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet indicó que queda claro «el descontrol y desorden» en la gestión de las subvenciones, y apuntó a la posibilidad de menoscabo de los fondos públicos, al tiempo que lamentó la «carencia total y absoluta» de medios materiales y humanos para poder llevar a cabo el trabajo de la Intervención.

Por su parte, la portavoz adjunta de IU, Elena Cortés, aseguró que de la declaración de los interventores se concluye que a estos «se le ha impedido fiscalizar» que el dinero entregado a las empresas subvencionadas por los cursos de formación se haya utilizado correctamente.

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