El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi) 2020, que establece el marco de la política científica y de I+D+i en la comunidad autónoma para los próximos cinco años, con especial atención a la recuperación económica y a la creación de empleo, plantea duplicar la inversión anual en innovación y desarrollo desde el 1,03 por ciento del PIB en 2014 (último dato disponible) al 2 por ciento, lo que supondrá unos 3.574 millones en 2020. Así fue aprobado ayer en el Consejo de Gobierno de la Junta.
El Paidi espera impulsar hasta 2020 una financiación en I+D+i de 16.700 millones, de los que 1.600 millones corresponderían a captación de fondos de Programa europeo Horizonte 2020; 2.400 a la captación de fondos nacionales; 1.300 millones al Feder Plurirregional; 2.170 a fondos propios de la Junta; 2.125 a las universidades andaluzas; 650 a otras actuaciones sectoriales, y 6.450 millones a fondos privados de empresas.
Según la Junta, con estas cifras, el gasto anual en I+D pasaría de la cifra actual de unos 1.000 millones de euros de fondos públicos y 700 millones de fondos privados, a unos 1.800 millones de fondos públicos y 2.800 millones de fondos privados.
El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, expuso que, entre otros objetivos, el Paidi propone convertir el sistema de ciencia-tecnología-innovación en motor de desarrollo socioeconómico, cohesión social y territorial, competitividad empresarial, proyección internacional y rentabilidad ambiental, cultural y económica.
Junto con el apoyo a la ciencia básica, el documento establece medidas para acercar la investigación al tejido productivo, facilitar la transferencia del conocimiento e incentivar el retorno del talento investigador.
Agregó que el documento recoge 81 acciones distribuidas en cinco grandes ejes: el fortalecimiento y la reordenación del sistema de I+D+i; la optimización de la financiación con el aumento de la inversión; una gobernanza integradora basada en la transparencia y la participación, y una economía inteligente del conocimiento orientado a la sociedad.
por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, valoró el plan aprobado por la Junta, pero criticó que la Administración autonómica adeuda desde 2008 «todos los fondos relacionados con las investigaciones de excelencia» y pidió al Gobierno de la Junta de Andalucía que pague los 90 millones de euros que le debe a la Universidad de Málaga.
En el caso de la provincia, Crespo exigió a la Junta que pague los 90 millones de euros que le debe a la Universidad de Málaga. La portavoz popular recordó que estos 90 millones forman parte de los 400 que el Gobierno de Andalucía tiene en deuda con el conjunto de las universidades de la comunidad. Crespo, que visitó el campus universitario malagueño, subrayó que para el Partido Popular las universidades andaluzas «son muy importantes» debido a la estrecha relación que guardan con la investigación, el desarrollo y la inserción laboral.
