Tribunales

La juez Bolaños decreta los primeros archivos por prescripción del delito en el caso de los ERE

La magistrada archiva la causa de 12 investigados en el fraude de las ayudas e imputa al alcalde de Cazalla

17.03.2016 | 18:45
La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.

La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha archivado la causa abierta por Mercedes Alaya contra 12 personas -una ya fallecida- de la Sierra Norte de Sevilla al haber prescrito sus delitos, y cita como investigadas a otras seis personas, entre ellos al alcalde de Cazalla (Sevilla).

El archivo se plasma en un auto tras la decisión de la Audiencia de Sevilla de levantar las imputaciones a dos empresarios porque fueron acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos más de diez años después de que recibieran las ayudas En dicho auto, del 15 de marzo y facilitado a Efe, la jueza cita también a declarar como investigadas el 24 y 26 de mayo a seis personas por ayudas al despacho Estudios Jurídicos Villasís y a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellas al alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), el socialista Sotero Martín Barrero.

Se trata de los primeros archivos por prescripción que se decretan en el caso ERE, cuya instrucción comenzó la juez Alaya en enero de 2011 y que acumula cerca de 300 personas investigadas, entre ellas los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que declararon ayer ante el juez Álvaro Martín.

En su auto, la juez señala que la petición de la Fiscalía "debe ser estimada", atendiendo a los razonamientos expuestos por la Audiencia provincial el 9 de marzo sobre la petición de prescripción de los delitos de prevaricación y malversación que se recogían en el del 6 de febrero de 2015. La juez recuerda que en todos los supuestos solicitados por la Fiscalía Anticorrupción se trata de ayudas en cuantía percibidas directamente o en nombre de personas jurídicas con un importe inferior a 450.000 euros, por lo que quedan prescritos si han pasado diez años desde que la recibieron hasta que la juez dictó el auto.

Por ello, la juez declara prescritos los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y archiva la causa contra Luis García García por su participación en la ayuda concedida a S.C.A. Virgen de Belén (almazara de aceite situada en Las Navas de la Concepción) y contra Juan Manuel Prieto Guerra.

A este último por su intervención como presidente de la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico (Asnadis) en la tramitación y cobro de una subvención de la Consejería de Empleo por importe de 180.303,63 euros.

La Audiencia Provincial de Sevilla ya estimó en su auto de 9 de marzo los recursos presentados contra su imputación por ambos encausados y declaró prescritos los delitos que Alaya les imputó.

La juez Núñez también declara prescritos los delitos y archiva la causa contra Antonio Diana Expósito en relación a la ayuda de 60.000 euros pagada el 30 de julio de 2004; Antonio Florencio Suárez, respecto de su participación en la obtención de la ayuda concedida a la empresa Coflosur por importe de 60.000 euros pagada el 18 de enero de 2005, y José Gómez Muñoz, vecino de El Pedroso que recibió una ayuda de 90.151,81 euros el 2 de julio de 2003.

Igualmente prescritos considera los delitos de Eustaquio Reina -ya fallecido- y José Reina Espínola respecto de su participación en la obtención de la ayuda por la empresa Eustaquio Reina por importe de 300.000 euros pagada el 18 de enero de 2005.

También los de José Bermúdez Ávila y María del Rosario Rodríguez Baranquero, respecto de su participación en la obtención de la ayuda por la empresa Gestión Turística del Sur por importe de 390.657,87 euros pagada el 18 de enero de 2005.

Núñez Bolaños archiva la causa también contra Miguel Ángel Sáenz Fernández, respecto de su participación en la obtención de una ayuda a El Olivar de los Infantes por importe de 150.252 euros, pagada el 9 de marzo de 2003; y contra Joaquín Llano Heredia, por su participación en la ayuda a su empresa Refractarios y derivados pagada el 5 de diciembre de 2001 por importe de 150.253,03 euros.

Finalmente, archiva la causa contra Beatriz Pérez Martín por su participación en la ayuda concedida a su empresa Producciones Barataria, cuyo último pago fue el 7 de julio de 2004 y ascendió a 210.354,24 euros.

Por otra parte, la magistrada cita como investigadas los próximos 24 y 26 de mayo a seis personas, entre ellas al alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) por su presunta participación en la obtención de ayudas para las empresas Cortansa, corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimientos de Cazalla de la Sierra y Enoword, misma actividad que atribuye a Rogelio Becerra y a Fernando Pedro Moreira.

El resto de investigados son Laura de la Cruz López y Beatriz Ponce de la Cruz por su participación en la obtención de ayudas a la empresa Venero de Móstoles por importe de 430.000 y 139.500 euros, y Verónica Galloso Villalba como receptora de pagos por importe de 60.000 euros.

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