Gaspar Zarrías emula a Chaves y Griñán y no declara por los ERE

De este modo, los tres exconsejeros han comparecido a lo largo de la mañana de este miércoles ante el juez Álvaro Martín dentro de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los ERE fraudulentos y han ratificado las declaraciones prestadas cuando eran aforados, tal y como ya hicieron el pasado 16 de marzo los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera.

La primera en comparecer ante el magistrado, por espacio de apenas 20 minutos, ha sido Carmen Martínez Aguayo, quien ha ratificado la declaración que prestó el día 8 de abril de 2015 ante el TSJA, cuando aseguró que no se leyó los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de las irregularidades porque recibía más de 100 informes al año y que nunca entendieron que hubiera que hacer nada ante estos informes.

El abogado de Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, ha planteado en la comparecencia como cuestión previa que el juez no permitiera que quedara constancia en el acta de su declaración de las preguntas que las partes pretendieran dirigirle, alegando que ello forma parte de su derecho de defensa, algo a lo que se ha adherido el abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías.

De su lado, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a dicha cuestión previa alegando que el derecho de defensa no engloba que no se pueda dejar constancia de las preguntas, argumentando que podría haber hechos nuevos o preguntas nuevas que formular que en su momento no se hicieron, tras lo que el juez ha decidido permitir que se deje constancia de las cuestiones al entender que esta posibilidad no está prohibida.

Seguidamente, el Ministerio Público ha planteado a la exconsejera hasta tres preguntas, la primera de ellas sobre si tuvo conocimiento de los informes de seguimiento de Control Financiero Permanente de la Intervención General que se remitían a la Consejería de Economía y Hacienda.

En segundo lugar, los fiscales han preguntado a Martínez Aguayo si tuvo conocimiento de los informes ejecutivos de la Intervención General que se mandaban a los miembros del Consejo Rector de Idea, que a su vez pertenecían a la Consejería del ramo, sobre el uso que se estaba dando a las transferencias de financiación, y por último le han cuestionado sobre si tuvo conocimiento, por su asistencia a las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros --los llamados 'consejillos'--, de que en estas reuniones no se trataron finalmente las ayudas a Pickman y A Novo Comlink vinculadas a la partida 31L.

Al concluir su comparecencia, la exconsejera abandonó los juzgados del Prado de San Sebastián de la capital hispalense por la puerta delantera, montándose un cierto revuelo con las decenas de medios gráficos que la estaban esperando para captar su imagen y que la siguieron durante varias decenas de metros.

A continuación, ha comparecido ante el juez Álvaro Martín el exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia Antonio Ávila, a quien la Fiscalía ha planteado las dos mismas primeras preguntas que a Martínez Aguayo, preguntándole además sobre si, "dada su participación activa" en el Consejo Rector de Idea, tuvo conocimiento de que en noviembre de 2003 se aprobó una ayuda a Sandetel a pesar de que el secretario advirtió de que había un informe contrario de la Intervención a esa ayuda, y si esa circunstancia se repitió en más ocasiones.

Finalmente, ha comparecido ante el magistrado el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, a quien la Fiscalía ha preguntado sobre una carta obrante en el expediente de Primayor que envió un representante del Comité de Empresa al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero sobre el cobro de nóminas.

De este modo, el Ministerio Público le ha cuestionado sobre si habló con el presidente del Comité de Empresa, Manuel López, o con el entonces consejero de Empleo, tal y como expone la carta, para que se arreglara este asunto, pues en la carta se mencionaría que Zarrías habría dado orden de que se arreglara.

Tras finalizar la comparecencia, Zarrías ha abandonado los juzgados en un coche que le esperaba en la puerta, mientras que su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha atendido a los periodistas para criticar que la declaración como investigado de su cliente forma parte "de un juicio paralelo con una finalidad claramente política y en perjuicio de la imagen de los investigados" y anunciar que pedirá el archivo de la causa respecto de su patrocinado.

El letrado ha lamentado que Zarrías "ha tenido que soportar el zarandeo de la gente que había en la puerta" de los juzgados, y todo ello "sin que haya una justificación procesal", aseverando que la comparecencia "no tiene ningún sentido", porque tanto Zarrías como el resto de exaforados que han comparecido ante el magistrado a lo largo del presente mes de marzo "tuvieron ocasión de declarar ante los tribunales ante los que estaban aforados y contestaron unos interrogatorios muy extensos y muy completos, donde no quedó ningún tema por tratar".

"Las partes ya habíamos manifestado nuestro deseo de que no se reprodujeran" estas declaraciones "porque consideramos que son inútiles", pero a pesar de ello el magistrado instructor los citó a declarar, "y a pesar de que al inicio de sus declaraciones todos ellos manifestaron que se acogían a su derecho constitucional a no declarar, los fiscales han insistido en dejar constancia de una serie de preguntas", ha expuesto el letrado.

A su juicio, ello "va en contra de la doctrina establecida" por el Tribunal Supremo, la cual "dice claramente que no se deben hacer constar las preguntas una vez que el investigado ha manifestado que se acoge a su derecho constitucional, porque insistir en las preguntas no tendría otra utilidad más que violentar o intentar violentar esa manifestación libremente expresada por el investigado".

Frente a ello, los fiscales "han insistido" en hacer constar las preguntas en el acta de la comparecencia "con el argumento pobre de que no está prohibido por la Ley" y el juez, finalmente, ha decidido que se formularan las preguntas, en concreto una sobre la referida carta de Primayor. "A lo largo de los 12 años que ha estado ocupando cargos ha recibido miles de cartas de ciudadanos con peticiones de las que fueran", ha defendido.

El abogado, asimismo, ha insistido en el hecho de que, "cuando se formulan preguntas que ya se ha dicho que no se van a contestar, esas preguntas no pueden ir dirigidas a la persona investigada, y el acto pierde toda su virtualidad y naturaleza procesal". "Yo no sé a quien iban dirigidas, la jurisprudencia y las decisiones de los tribunales son claras en el sentido de que, cuando un investigado se acoge a su derecho, esa decisión, como es el ejercicio de un derecho fundamental, no puede acarrear para él ninguna consecuencia negativa", ha apuntado.

"He preguntado a quien iban dirigidas las preguntas", pues "no pueden ir dirigidas al investigado, porque ya ha dicho que no va a declarar, no pueden ir dirigidas al juez, porque su silencio no puede acarrear ninguna consecuencia negativa, y yo me pregunto si van dirigidas al público", ha dicho.