Comisión de investigación

El exconsejero Ángel Ojeda reduce el fraude de los cursos de formación a errores administrativos

Fue beneficiario de más de 50 millones de fondos públicos y destaca la "coincidencia" de las detenciones de la UDEF con la campaña electoral en Andalucía

12.04.2016 | 08:59
Ángel Ojeda durante su comparecencia.

El empresario y exconsejero socialista Ángel Ojeda, principal implicado en el presunto fraude de los cursos de formación, ha reducido todo lo ocurrido entre sus empresas y la Junta de Andalucía a "irregularidades administrativas, ni siquiera contables", y se ha negado contestar a las preguntas del PP-A.
    
Consejero del Gobierno andaluz a finales de los ochenta y beneficiario de más 50 millones de fondos públicos destinados a cursos, de los que 33,3 corresponden a la formación de extrabajadores de Delphi, Ojeda se ha presentado como un "ciudadano ejemplar" y víctima de una presunta prevaricación "masiva" de la Junta que habría cometido contra "miles de empresas" de cursos de formación por no pagarles de forma "consciente y dolosa" el dinero que les corresponde. También ha apuntado al "interés, a la campaña brutal" del Gobierno del PP en su contra y ha señalado a un inspector de la UDEF mandado desde Madrid que "introdujo la deriva penal y trajo como consecuencia cientos de detenciones", entre ellas la suya, en Andalucía.

Ojeda, imputado por los cursos de formación, ha destacado este lunes que, "sin querer señalar a nadie", existe una "coincidencia" entre el centenar de detenciones por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Operación EDU Costa, --la vinculada con los cursos de formación--, y la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía tan solo un mes después, sumándose otro centenar de detenciones en la Operación EDU Centro, "en plena campaña"

En una comparecencia de tres horas y media ante la comisión parlamentaria de investigación, Ojeda ha rechazado en cada una de las preguntas que las actuaciones de su entramado de empresas hayan incurrido en fraude o se haya beneficiado con los cursos de formación, y ha manifestado que la Junta le "debe dinero" de las subvenciones y que los cursos se hacía al "coste y no con sobrecoste". "Todo ha sido legal y normal, de acuerdo a las resoluciones y controles de la Junta. Por mucho que se busque todo estaba pagado, y controlado y justificado" por los funcionarios de la Junta, ha aseverado.

Sobre la concesión de la subvención para la formación a los trabajadores de Delphi, ha instado a preguntar a la Junta, a la "legalidad" de la resolución, y ha garantizado que "se han cumplido a rajatabla" los procedimientos administrativos, en éste como en el resto de los cursos -ha dicho-, cuyo número y cuantía dijo no recordar, aunque el PP cifró al menos en 102 los cursos realizados. Ojeda se ha quejado del tiempo que tarda la Junta en abonar el 25 % de los cursos y ha indicado que su empresa ha puesto 61 contenciosos-administrativos y que la justicia le está "dando la razón condenando a la Junta a la liquidación, las costas y los intereses de demora".

El momento más tenso de los interrogatorios fue durante el turno de la diputada del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, a la que se negó a responder Ojeda. El exconsejero ha justificado su negativa en una querella por "difamación" puesta por su cuñada y ex directora general de Formación para el Empleo, Teresa Florido, contra una dirigente popular (Ana Mestre) que -según dijo- fue "asesorada" por Ruiz Sillero y que ha sido condenada por la justicia. "La querella fue archivada. Miente, falta a la verdad, no he intervenido y está obligado a decir la verdad bajo penas de multa o presión", ha replicado la diputada.

Pese a la ausencia de respuestas, Ruiz Sillero pregunto por qué su cuñada firmó dos resoluciones ampliando el plazo de ejecución de acciones formativas o por qué dice "desconocer" al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, imputado en los ERE, cuando Ojeda "firmó" el manifiesto para su excarcelación. Además, aludió a las "extrañas confluencias" de Ojeda con Antonio Fernández y Javier Guerrero, el principal imputado por los ERE, y le ha avisado de que "nadie se cree" que no haya ganado dinero con los cursos.

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