Caso Serrallo

El alcalde de Granada queda en libertad con cargos

José Torres Hurtado había sido detenido junto a otras 15 personas en una operación contra la corrupción urbanística

19.04.2016 | 02:20
El alcalde de Granada queda en libertad con cargos

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha salido en libertad con cargos tras declarar en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental por su presunta implicación en una operación contra la corrupción urbanística coordinada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada.

El dispositivo desplegado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha incluido registros en el Ayuntamiento de Granada, el área de Urbanismo, empresas y domicilios particulares, entre ellos el del propio alcalde, en el marco de unas diligencias en las que han sido ya detenidas un total de 16 personas.

El alcalde ha abandonado la Jefatura en el coche oficial del Ayuntamiento cerca de las 14,00 horas, y ya se encuentra en su domicilio. Tras él ha declarado ante la Policía la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, que también ha quedado en libertad.

Ha sido a las 12,55 horas aproximadamente cuando Torres Hurtado ha salido del Ayuntamiento hacia la Jefatura en el mismo vehículo blanco con los colores tintados en el que ha llegado procedente de su vivienda, en la calle Obispo Hurtado, después de su registro. Su rostro ha sido cubierto con unos cartones, mientras que más de una decena de agentes formaban un cordón policial.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, los agentes han registrado el despacho de la secretaria general del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen, y en la sede de Urbanismo, en la plaza Gran Capitán, la UDEF ha sacado cajas con documentación. Asimismo han registrado varios domicilios, entre ellos la casa del alcalde, José Torres Hurtado, y empresas de Granada.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada está llevando a cabo diligencias de investigación en virtud de dos querellas interpuestas por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada.

El objetivo es investigar la existencia de una "trama corrupta" en el Ayuntamiento de Granada (área de Urbanismo), que estaría relacionada con la investigación del conocido como 'caso Serrallo', sobre la operación urbanística que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona verde de Granada, junto al Centro Comercial Serrallo.

En cualquier caso, fuentes de la investigación han informado de que la causa no se circunscribe de forma exclusiva a este caso Serrallo.

Según estas fuentes, algunas de las irregularidades investigadas irían más allá de esa actuación urbanística y estarían relacionadas con la recalificación de terrenos, que multiplicaba su valor y favorecería así a determinadas empresas.


Agentes de policía a las puertas del domicilio del alcalde de Granada. Foto: EFE

El juzgado que instruye esta supuesta trama de corrupción urbanística investiga si los detenidos han podido incurrir en los presuntos delitos de cohecho, fraude, asociación ilícita, estafa, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un comunicado, a estos delitos se suman además los de administración desleal y contra la ordenación del territorio.

Las fuentes han precisado que no se prevén más arrestos, si bien la operación continúa abierta, pues se han practicado una veintena de registros, entre ellos el del Ayuntamiento de Granada que presenció el propio regidor en calidad de detenido y que ya se encuentra en dependencias policiales.

Además del consistorio, los agentes han inspeccionado los domicilios del alcalde y el resto de detenidos, sedes sociales y oficinas públicas y privadas de empresas, y no descartan proceder a más registros en las próximas horas.


Agentes en la puerta de la sede de Urbanismo. Foto: EFE

Junto a la concejala, que llegó a prestar declaración judicial el pasado 10 de diciembre, están siendo investigados otros altos cargos de Urbanismo por esta causa, sobre la que está decretada el secreto de sumario.

La Fiscalía consideró en su momento que existen "indicios de delito" al apreciar "datos suficientes" de una vulneración no sólo de la legalidad urbanística sino del procedimiento legalmente establecido.

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