Isabel Nieto denuncia "abuso de poder" en los registros

"Desde la época de Franco no han cambiado mucho las cosas, aquí se vulneran los derechos de los ciudadanos cada vez que a un gracioso le da la gana", ha sentenciado la edil, en su primera rueda de prensa tras su arresto y posterior puesta en libertad con cargos, y se ha preguntado quién dio la orden a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para actuar de ese modo.

Ha asegurado que la operación policial fue "inadecuada, desproporcionada e innecesaria" y ha anunciado que solicitará al juzgado que le devuelvan los efectos personales, dispositivos móviles e informáticos que la Policía se llevó de su casa, en su opinión, sobrepasando la orden judicial con la que contaba.

La concejal mantiene que la actuación fue "abusiva" porque la autorización judicial para el acceso a dispositivos o equipos informáticos se limitaba "exclusivamente a la visualización, examen y copia" de la documentación objeto de la investigación, y decía que solo se incautarían los soportes originales, como ocurrió en este caso, cuando "razones técnicas u otras dificultades graves lo hicieran imprescindible".

Nieto ha explicado que lo que se llevaron los agentes fue media docena de expedientes relacionados con una residencia de estudiantes del PTS, con concesiones administrativas de seis aparcamientos de entre los años 2001 y 2004, con el plan parcial de San Jerónimo, que fue denunciado por un particular, con el Cerrillo de Maracena, que llevó a declarar al alcalde aunque el caso fue finalmente archivado, y de las licencias del edificio de Obispo Hurtado.

En su opinión, se trata de "media docena de expedientes un poco polémicos porque alguna persona los ha denunciado, los han juntado todos para hacer una bola y montar todo esto".

Nieto ha considerado "una chapuza" el modo en el que se llevó a cabo la operación y se ha preguntado "quién dio la orden para que todo este grupo de policías fuera a Granada a montar el numerito".

Junto a ella fueron detenidas otras 16 personas, entre ellas el alcalde, José Torres Hurtado (PP), a quien ha defendido tras considerar, como él, que el partido se ha "precipitado" al suspender a ambos de militancia y pedir la dimisión del regidor.

"A mí en el partido no me conoce nadie, ni yo conozco a nadie. Soy una concejal más de las que tienen en toda España", ha dicho para aludir a su escaso vínculo político.

"Pero al señor Torres Hurtado le deben un respeto. Saben de la honradez y de la persona intachable que es", ha opinado la concejal, que ha negado cualquier relación con las promotoras que están siendo investigadas en este caso.

"No soy un delincuente". El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha reiterado hoy que no tiene "absolutamente ninguna culpabilidad ni por acción, ni por omisión" en la supuesta trama de corrupción urbanística por la que fue detenido y que, si su arresto no estaba autorizado judicialmente, se ha cometido "un atropello".

En su segunda rueda de prensa tras su puesta en libertad el pasado miércoles y después de que la Fiscalía comunicara ayer que su detención fue por iniciativa policial, el regidor se ha preguntado quién está detrás de su detención, y ha asegurado que se siente "indefenso y acosado".

"No se pueden imaginar la humillación de que te hagan una ficha policial. No soy un delincuente", ha sentenciado Torres Hurtado, que ha reiterado que no tiene motivos para dejar su cargo, dado que desconoce por qué se le atribuyen hasta diez delitos, y cree además que su partido se precipita al pedirle que se marche.

Fuentes policiales han informado a Efe de que la juez instructora acordó el registro a través un auto en el que figuraba expresamente el domicilio del alcalde.

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, han precisado las fuentes, ordenó que los registros, en un total de 28 domicilios, se hicieran de forma simultánea y con presencia de letrados de la administración de Justicia a partir de las 7:00 horas del pasado miércoles.

La juez autorizó expresamente además el registro de todos los dispositivos electrónicos y el acceso a todas las cuentas de correo electrónico, según las fuentes policiales, que han recordado que en la parte final del auto se ordenaba notificar la resolución a la Fiscalía, dado que no era firme y que contra la misma cabía recurso.

El alcalde ha anunciado que su abogado, Pablo Luna, va a solicitar al Juzgado de Instrucción 2 de Granada que levante de forma parcial el secreto que pesa sobre las actuaciones referidas a las circunstancias de su detención.

"Si no había otra orden judicial se han vulnerado mis derechos fundamentales y los de todos los detenidos, fue un atropello", ha considerado el regidor, que ha mostrado un documento del Juzgado que, a su juicio, limitaría la actuación policial a "copiar" los datos necesarios de sus dispositivos, pero no a su incautación.

"Si estaba ordenada por un juez no tengo nada que decir, pero si ha estado dada por un mando político-policial aquí alguien tiene que explicar qué ha pasado aquí", ha reiterado el alcalde, que cree que se le ha hecho a él y a Granada un daño "absolutamente irreparable".

"Estoy completamente asombrado. Me encuentro enormemente indefenso y acosado", ha insistido Torres Hurtado, que ha expresado su sorpresa, a partir de lo que conoce por los propios medios de comunicación y por el hecho de que se estén investigando operaciones urbanísticas de antes de que él llegara al Ayuntamiento.

Después de que numerosos dirigentes de su partido, del que está suspendido de militancia, le hayan pedido que se marche, ha señalado que entiende la situación "tan complicada" que tiene el PP en este momento en el conjunto de España y "su necesidad de justificarse" ante la opinión pública, aunque opina que ha habido "precipitación".

Dado que la imputación de delitos que se le hace es "genérica" y todo está lleno "de lagunas", el alcalde está convencido de que si decide dejar el cargo estaría "reconociendo" que habría hecho algo mal, por lo que ha vuelvo a pedir a su partido "tranquilidad" hasta que se aclare realmente qué está pasando.

"Si no hay nada que demuestre contundentemente que yo he sido un corrupto, evidentemente no hay ninguna razón para irme", ha aseverado el alcalde, que ha negado tener participación en forma de acciones en las empresas investigadas y que ha explicado que vive de su sueldo, de algunas rentas de su patrimonio y de la pensión de su mujer.

"Tengo 69 años y no estoy aquí amarrado ni por el dinero, ni por el cargo", ha sentenciado Torres Hurtado, que ha insistido en aclarar que no es corrupto y que nadie ha "metido la mano en el cajón", sin descartar que podría haberse cometido alguna irregularidad, pero siempre de índole administrativa.