El exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila ha defendido este viernes durante su comparecencia ante la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las subvenciones a la formación profesional para el empleo que cuando estuvo al frente del cargo no firmó exoneraciones ni dio trato de favor, al tiempo que ha negado que la normativa referida a esta materia sea "laxa, sino todo lo contrario, es exigente y singular, respecto a otras comunidades".

En su intervención inicial ante este órgano, Ávila ha explicado que no tuvo las competencias para la formación profesional para el empleo, ubicadas en la Consejería de Educación, y que las resoluciones de exceptuación que pudo firmar como presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) son "plenamente legales, válidas y justificadas en virtud de nuestra legislación, alejadas de cualquier sombra de irregularidad".

"Cumplieron los todos los requisitos previstos, estaban debidamente motivadas y se justificaron sobradamente, fueron iniciadas administrativamente de oficio por los servicios competentes tras comprobarse que tales entidades habían presentado la documentación justificativa, pero la administración no había tenido la posibilidad de analizarla en su totalidad", ha explicado.

Durante su comparecencia, Ávila ha defendido la fórmula legal de las resoluciones de exceptuación y ha querido dejar claro que las mismas "no eximen ni dispensan" del cumplimiento de ninguna obligación pendiente. "En ningún caso perdonan, las subvenciones tienen que ser justificadas por parte del beneficiario y llegado el caso, si no se ha cumplido, deben reintegrarse".