El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha defendido este martes que toda su acción política "se efectuó y acomodó "en todo momento" y "sin fisura" a la normativa legalmente establecida y ha calificado de "patético"y "ridículo" que se diga que "se han dado órdenes ilegales para flexibilizar el control o la gestión" en las ayudas a la formación.

Así lo ha mantenido el que fuera consejero de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010 durante su intervención inicial en su comparecencia en la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación, que ha comenzado exponiendo algunas de sus diferencias sobre el proceder y los requerimientos de la propia comisión y confiando en que los miembros del órgano "estén a la altura".

Fernández ha explicado que en su etapa como consejero delegó todas las competencias que pudo, con el objetivo de ganar en "eficacia y eficiencia política", reservándose las "mínimas legalmente establecidas e indelegables", y ha subrayado que no le cabe duda de que los que las asumieron las realizaron "cumpliendo todos los requisitos".

Tras explicar eso, ha insistido en que toda la gestión de la formación que se desarrolló en su ámbito durante su etapa al frente de la Consejería se ajustó "sin fisura" a lo dispuesto en la ley, tanto a lo dictado por el Gobierno central como por la administración andaluza.

Además, ha manifestado su "orgullo" por la gestión de la formación profesional y ha tildado de "patético" que en la propia comisión de investigación se haya dicho que "hemos dado órdenes ilegales para flexibilizar el control o la gestión". "Es patético y ridículo porque significa una impresentable desconfianza de quien lo dice hacia los funcionarios y un desconocimiento absoluto de la administración andaluza", ha criticado.

Previamente, al inicio de su comparecencia, Fernández había solicitado una disculpa previa sobre el retraso en el comienzo de su declaración, que comenzó 40 minutos más tarde de la hora a la que estaba citado; había advertido su "absoluta disconformidad" en algunos de los aspectos del requerimiento, como el periodo sobre el que debería dar explicaciones o el haberse enterado del mismo por los medios de comunicación.

El exconsejero también ha aprovechado para criticar la normativa de la comisión, en lo que se refiere a la obligación del compareciente de permanecer en la misma mientras los parlamentarios formulen sus preguntas, aunque no tenga intención de responderles.

Fernández ha pedido al presidente de la comisión que vele por sus derechos, especialmente el del honor, bajo la advertencia de que se ausentaría de la misma si no lo hacía así, y ha recalcado que su comparecencia es una "opción personal y decidida" de colaboración con el Parlamento pese a "haberse incumplido los requisitos formales establecidos legalmente" para citarle.