La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cerrará esta tarde la primera ronda de comparecencias en la comisión de investigación parlamentaria sobre las subvenciones otorgadas por la administración autonómica en materia de formación profesional para el empleo un día después de que acudieran a este órgano sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Díaz está citada ante la comisión a partir de las 18.00 horas, lo que ha causado malestar en las filas del PP-A y de Podemos, formaciones que han criticado que la presidenta no comparezca en sesión de mañana, como tampoco han hecho los expresidentes.

Antes de la presidenta de la Junta comparecerán este martes ante la comisión el exconsejero de Educación, Cultura y Deporte Luciano Alonso, citado a las 10.00 horas, y el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, a las 15.00 horas.

El exconsejero Luciano Alonso ha reclamado que no se criminalice ni se caiga en un "descrédito tan negativo" de la formación profesional para el empleo y de los agentes que en ella participan porque ha contribuido "de manera decidida a la cualificación y a la inserción laboral" y ha subrayado que el sistema andaluz para su gestión es "mucho más garantista" con el dinero público que cualquier otro regional o que el estatal.

En la extensa intervención con la que ha arrancado su comparecencia en el Parlamento andaluz, Alonso ha lamentado que los "grandes titulares de fraude masivo" y la mezcla de procedimientos judiciales y policiales con el trabajo administrativo ha contribuido a la "demonización" de todo un sector y de la importancia que tuvo para la creación de empleo y el desarrollo de políticas públicos.

Así, ha subrayado que la Junta "ha sido y es la primera interesada" en que se aclaren los casos que se investigan por presunto fraude y mala utilización de los recursos públicos pero ha pedido que, hasta que terminen las investigaciones, "no se haya causa general" ni se "condene aleatoriamente".

"Hacemos un flaco favor criminalizando todas las actuaciones administrativas cuando son procedimientos ordinarios y genéricos que solo pretenden garantizar la seguridad del tercero y el buen uso del dinero público", ha reprochado.

El exconsejero ha insistido en que el sistema de tramitación administrativa andaluz ha sido "mucho más garantista" con el uso de dinero publico que en el resto del país, y ha rechazado que se pueda considerar que el concepto de exceptuación pueda eximir de la obligación de justificar.

"Nunca exoneré a una empresa de cumplir una obligación", ha incidido Alonso, que también ha defendido que las resoluciones de reintegro "no son sinónimo de fraude" sino el mecanismo que la administración emplea, dentro del procedimiento ordinario, para reclamar a un tercero que devuelva parte o el total de una subvención al haber comprobado que administrativamente no cumple con los criterios para ser objeto de la misma.

Calendario de comparecencias. Los grupos parlamentarios acordaron el pasado mes de enero un listado con 69 comparecientes para una primera ronda de declaraciones ante la comisión de investigación. En el mismo también se incluía a la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, quien decidió no acudir, basándose en un informe del Consejo de Estado que rechaza que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación autonómicas.

Tampoco han asistido a la comisión la consejera del Tribunal de Cuentas María Dolores Genero, aludiendo a que no tenía competencias sobre la materia, y el representante de la fundación Forja XXI, por enfermedad. El resto han comparecido, aunque una parte importante, --fundamentalmente los imputados en la causa--, se ha acogido a su derecho a no declarar.

La comisión comenzó en marzo con la comparecencia de los interventores provinciales de la Junta y del interventor general. Les han seguido jefes de servicio, delegados provinciales de Empleo, representantes de los consorcios, de la Faffe, de las empresas y de los alumnos.

También han comparecido, entre otros, directores generales, secretarios generales, los exconsejeros Ángel Ojeda, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila, y el testigo protegido de la juez Alaya en la causa de la formación, Teodoro Montes.

Una vez que finalice este martes primera ronda los grupos decidirán en una reunión de la comisión si convocan una segunda. Hasta el momento, ninguna de las formaciones se ha pronunciado sobre si considera o necesaria la citación de nuevos comparecientes.