La tortura de Chaves y Griñán, por Juande Mellado

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción hecho público esta mañana, en plena tormenta política por la posible imputación de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá por un delito de blanqueo; con el PP zozobrando por el caso del exministro Soria y con Juame Matas tratando de implicar a media cúpula del PP, con Javier Arenas a la cabeza, para lograr un pacto judicial que le libre de la cárcel, ha sido recibido como un tiro en la línea de flotación del PSOE, que ahora deberá replegar toda su artillería con la que estaban sitiando al presidente en funciones y desaparecido Mariano Rajoy.

El ministerio público ha presentado esta mañana su escrito de acusación ante el juez instructor Álvaro Martín, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, después de que este retomara la "pieza política de los ERE" en el que tanto empeño puso la magistrada Mercedes Alaya, convencida de que toda la cúpula del gobierno andaluz conocía y permitía este sistema "fraudulento" de ayudas y subvenciones públicas sin control aparente. En esta pieza, además de los expresidentes Chaves y Griñán, hay seis exconsejeros y 18 ex altos cargos investigados los que el juez Álvaro Martín acusa de evitar „siguiendo la doctrina que marcó Mercedes Alaya„ la fiscalización del fondo para empresas en crisis, dotado con 855 millones entre 2001 y 2010.

El auto es contundente y pide penas de cárcel para todos los implicados menos para el expresidente Manuel Chaves; para el exvicepresidente andaluz y todopoderoso Gaspar Zarrías y para la malagueña exministra y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Magdalena Álvarez, por su labor como consejera de Economía y Hacienda cuando se fraguó este sistema de ayudas. Anticorrupción solicita para los tres diez años de inhabilitación de cargo público.

Anticorrupción también solicita penas de ocho años de cárcel para los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, seis años de prisión para la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo.

De este modo, la antigua cúpula de la Junta de Andalucía afronta penas de cárcel en la rama política del caso ERE, la que analiza las transferencias de financiación con las que se pagó el fondo.

La fiscalía censura en su escrito: "Los encausados, para evitar esta labor de fiscalización de la Intervención que entorpecía y casi impedía este sistema de ayudas, modificaron los presupuestos de la Junta de Andalucía introduciendo una aplicación presupuestaria, las transferencias de financiación". Pone el acento además, sobre la falta de publicidad que sufrieron las ayudas del Gobierno autonómico: "Se puso en manos de la Consejería de Empleo, año a año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno, vedando a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad".

La juez Mercedes Alaya, apartada hace ya más de un año del caso, pensará otra vez hoy como ya hizo en junio pasado que cuanta razón tenía cuando empezó a investigar el mayor caso de corrupción con fondos públicos cometido en España -acumula casi 270 imputados y más de 117.000 folios de sumario.

Seis años después el resultado de esta investigación judicial es demoledor y supone toda una enmienda judicial y política a la gestión de una década de gobiernos socialistas en Andalucía. Mercedes Alaya fijó desde el principio cuál era el objetivo de su instrucción: el corazón del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía. Así, desde enero de 2011 paseo su famoso maletín cargado de imputaciones desde abajo hacia arriba hasta alcanzar la cúpula del gobierno socialista y se mantuvo firme en una compleja y polémica instrucción para desmarañar lo que ella consideraba un "monumental fraude".

Durante estos seis años de instrucción, Alaya fue tejiendo una tela de araña para reforzar una sola idea: su convencimiento de que el Gobierno andaluz ideó y se confabuló durante una década para crear un sistema de financiación que escapara de todo control con el fin de repartir el dinero, unos 885 millones de euros, de forma arbitraria, con el exclusivo fin de burlar los controles de la intervención para favorecer a determinadas empresas, personas e incluso ayuntamientos.

Sobre esta tesis fue tejiendo esa tela de araña a golpe de autos judiciales -la mayoría coincidentes con periodos electorales o cambios en los gobiernos de la Junta- para alcanzar las figuras claves de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que tuvieron que dimitir como presidentes, buscar el refugio del aforamiento en el Congreso y en el Senado lejos de los tentáculos de la magistrada sevillana y que en junio de 2016 acabaron procesados en un duro auto judicial por los delitos de prevaricación administrativa y otro de malversación, aunque esta última imputación sólo afecta a Griñán. Junto a ellos, el juez Álvaro Martín procesaba ya en la «pieza política de los ERE» a seis exconsejeros y otos ex altos cargos de la Junta. Griñán y Chaves se dieron de baja del PSOE y abandonaron toda actividad política.

El origen del fin

Todo empieza en los años noventa, cuando Andalucía sufría sucesivas crisis industriales en empresas como Astilleros, Puleva, Santana, Cervezas Alhambra, Intelhorce..., que dejaron a miles de trabajadores en las calles. El PSOE, que teñía de rojo el mapa de las ocho provincias andaluzas, empezó a tener problemas y desgaste por los conflictos laborales. Las visitas del presidente Chaves siempre estaban acompañadas por actos reivindicativos que minaban la incontestable hegemonía socialista en Andalucía.

El gobierno de Chaves decidió poner en marcha el llamado fondo de los ERE, la famosa partida 31L más conocida como el «fondo de reptiles», que nace en 2001 con el fin de garantizar la paz social en la comunidad y permitir a la Junta de Andalucía contar con una herramienta para actuar de forma rápida ante conflictos laborales al igual que se hace en otras comuniaddes. Para ejecutar esta decisión política, la Consejería de Empleo apostó por utilizar un procedimiento administrativo (la transferencia de financiación) que proporcionaba esa celeridad en el pago de ayudas, prejubilaciones..., pero en su contra jugaba que esta partida escapaba de cualquier control y los fondos públicos se podían usar con la discrecionalidad que se quisiera y sin más explicaciones, lo que no dejaba de ser una invitación a posibles fraudes y a la corrupción.

Ante tan suculento pastel empezaron a revolotear los actores secundarios de esta trama de corrupción con fondos públicos. El primero fue Javier Guerreo, exdirector general de Trabajo durante nueve años y principal imputado en el caso, que repartió como quiso este pastel millonario durante la primera década del siglo XXI con el consentimiento o la pasividad de los exconsejeros José Antonio Vera y Antonio Fernández. Luego llegaron los comisionistas, sindicalistas, cargos socialistas, intermediarios, familiares, aseguradoras..., hasta sumar durante los seis años de instrucción a 270 personas imputadas en la causa.

Por el camino, según la investigación, se ha quedado un fraude a las arcas públicas de unos 152 millones euros que fueron a parar a bolsillos equivocados. Se cifró en unos 66 millones los pagados por sobrecomisiones, a los que habría que sumar unos 73,8 millones por ayudas a empresas que no reunían las condiciones para acogerse a un ERE y algo más de 12 millones de euros que fueron a parar a los denominados intrusos, es decir, personas que cobraron prejubilaciones de empresas para las que nunca habían trabajado.

De hecho, en el auto de hoy la Fiscalía pide que los presuntos autores del delito de malversación respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales del programa 31L y 22E por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden en conjunto a 741,59 millones de euros.

Vertiente política

Durante los seis años de instrucción han sido innumerables los encontronazos entre los gobiernos de Chaves y Griñán, el PSOE y la juez Alaya, a la que acusaban sin reparos de realizar una causa general contra el ejecutivo andaluz. Pero tantos los informes de la Guarda Civil como los autos judiciales apuntaban que se había destapado un saqueo de las arcas públicas andaluzas y que esos fondos fueron a parar a los bolsillos de exdirectores generales de la Junta, empresarios, sindicalistas, consultoras, mediadores y demás aves de rapiña que olfatearon el dinero fácil sin ningún tipo de control o fiscalización.

Es aquí donde anida el meollo del del caso en su vertiente política: la total ausencia de controles y fiscalización de partidas millonarias pese a las innumerables advertencias de la intervención general del Estado y de la Junta, del despacho Garrigues o de la auditora Price-Waterhouse.

2012 fue un año clave en la instrucción del sumario de los ERE. Con Chaves fuera de la presidencia de la Junta desde 2009 y Griñán al frente del ejecutivo andaluz, la juez deja de centrarse en el destino de los fondos y se centra en la vertiente política del caso. Emitió un polémico auto en el que imputaba de una tacada a casi todo el consejo de gobierno y exconsejeros e incidía en la necesidad de dar un «paso cualitativo» en su investigación para girar las pesquisas hacia los cargos públicos que supuestamente respaldaron un procedimiento administrativo que consideraba ilegal.

El aumento de la presión judicial sobre el gobierno socialista tuvo su repercusión en las elecciones de marzo de 2012, donde el PP gana por primera vez unas elecciones en Andalucía pero Javier Arenas no logra gobernar. Griñán había salvado los muebles, pero un mes después un nuevo auto judicial envía a prisión a un exconsejero de Empleo y la juez responsabiliza a sus superiores (sin dar nombres) de idear este sistema de ayudas. Griñán entiende que el cerco se estrechaba y en julio de 2015 anuncia que dejará la presidencia de la Junta en agosto y construye un cortafuegos con la idea de dar paso a un relevo generacional con Susana Díaz y otros cargos socialistas que no tuvieran relación alguna de gestión con el caso de los ERE.

Con Chaves y Griñán refugiados en el aforamiento de sus escaños del Congreso y en el Senado, el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro compartió la tesis de Alaya de que los expresidentes habían cometido un delito de prevaricación pero descartaba la malversación. Ahí acabó la carrera política de Chaves y Griñán, que renunciaron a sus actas y en cuestión de meses pasaron de ser incluso presidentes del PSOE a dos simples jubilados que esperaban con cierto abandono de su propio partido el auto de procesamiento de junio y el escrito de acusación de hoy de la Fiscalía Anticorrupción. En esos días, el secretario general del PSOE y candidato, Pedro Sánchez, soltó su famosos "Yo sí soy un político limpio" que enervó al socialismo andaluz que tiene grabado a fuego esta máxima y a la espera de pasarle factura en su intento de resistir como sea en la secretaria del partido. Pero esta es otra batalla que está aún por llegar.

Si el escrito de hoy de la Fiscalía censura el comportamiento de los expresidentes, el auto de junio del juez Álvaro Martín desmontaba ya la defensa de que «esto era cosa de cuatro golfos», y acusaba a Chaves sólo de prevaricación pero a Griñán y a otros es altos cargos les imputaba el delito de malversación, que implicaba penas de cárcel, como hoy ratifica el escrito de Anticorrupción.

El juez desmontaba entonces todas las tesis de sus defensas de que ellos no sabían nada y les acusaba de conocer los informes de la Intervención General de la Junta que advertían de que desde la Consejería de Empleo se estaba otorgando «ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, y no hicieron nada para evitarlo».

Ahora sólo queda ver cuando se produce la apertura del juicio oral, que previsiblemente se realizará el próximo año, y el consuelo entre las filas socialistas de la honradez de Chaves y Griñán, argumentando que en este caso de los ERE a diferencia de otras operaciones que salpican al PP como Púnica o Gürtel o las decenas de tramas de Valencia y Baleares, ninguno de los dos ha sido imputado por enriquecimiento personal, por llevarse en maletines el dinero.