La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha apuntado que la Junta reclamará al Gobierno central los 4.672 millones de euros de diferencial que Andalucía ha dejado de recibir por el actual sistema de financiación autonómica, en el caso de que no se acometa "ya" y de manera "urgente" la reforma de este sistema.
En la inauguración de las jornadas sobre 'La reforma del modelo de financiación autonómica', de los cursos de otoño de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Sevilla, la consejera ha dejado claro que "nos estamos jugando cómo se podrán financiar la sanidad, educación o la dependencia, por lo que este asunto va a la médula del bienestar de la gente".
Por ello, ha reivindicado que se cambie "ya" el modelo de financiación andaluz "que ha dejado de percibir más de 4.672 millones, que sí han percibido el resto de España".
Ha recordado que el Gobierno "ha inventado muchas excusas para no abordar la reforma de este sistema", que "ha caducado en 2013" y perjudica a comunidades como Andalucía o Valencia, por lo que exige que "de urgencia y de inmediato se convoquen los grupos técnicos y de trabajo para ello, algo que sólo es cuestión de voluntad política".
Montero ha advertido de que "si se prolonga la situación y no hay movimiento para esa reforma, la Junta reclamará en un tiempo razonable, como el año próximo, el diferencial al Gobierno, esto es, la cifra que deja de percibir por la no reforma del sistema de financiación", que se cifra en 4.672 millones "pero año que transcurre se incrementa esa cantidad".
"No hay ningún motivo para que los andaluces perciban menos dinero que el que reciben otras comunidades que salen más agraciadas", ha indicado la consejera, que precisa que la reforma "no implica sólo el debate político, sino que hoy por hoy no podremos actualizar los ingresos que llegan a la Comunidad, cuando ahora toca incrementar los ingresos".
LAS JORNADAS
En las jornadas, María Jesús Montero ha afirmado que debatir sobre la financiación autonómica "es debatir sobre la construcción del Estado y que el nuevo modelo ha de ser una apuesta conjunta por la solidaridad, la corresponsabilidad y la autonomía". Ha señalado igualmente que el debate de la financiación autonómica "es uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos las administraciones y que, además, es impostergable".
Montero ha subrayado que el modelo de financiación económica ha de ser una herramienta y no un fin en sí mismo y debe construirse desde la equidad, la autonomía y la corresponsabilidad. Así, recalcó que las autonomías son tan Estado como el Gobierno central, rechazando que las autonomías sean meras prestadores de servicios.
En su intervención, ha afirmado que el modelo de financiación debe tener como principal objetivo blindar el modelo de estado que da la Constitución para conseguir también otro de los objetivos fundamentales, esto es, salvaguardar el Estado de bienestar, ya que "un debate sobre financiación autonómica se legitima siempre que construye identidad de país y elimina desigualdades".
Montero ha explicado que el nuevo modelo debe articularse desde el respeto de principios tales como el de suficiencia financiera, autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, equidad, solidaridad, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y lealtad institucional. "Todos y cada uno de ellos en el contexto actual", ha recalcado.
PROPUESTAS
La consejera avanzó algunas de las propuestas sobre las que está trabajando Andalucía, como es la necesidad de introducir algún mecanismo que permita sincronizar de forma efectiva la evolución cíclica de los ingresos de las haciendas autonómicas y los gastos cuya competencia tienen asumidos. Dado, según dijo, que mientras que los ingresos de las regiones para servicios públicos fundamentales se han reducido un 4,34 por ciento desde el año 2010 hasta 2014, la población en edad escolar ha crecido un 0,74 por ciento y el número de mayores que necesitan asistencia sanitaria y gasto social lo ha hecho un 6,30 por ciento.
También se ha referido a la propuesta de una distribución vertical consensuada y razonada de los esfuerzos de consolidación fiscal entre niveles de gobierno y ha recordado que el Gobierno central se reserve hasta ocho veces más margen en este reparto que hace del objetivo de déficit, "olvidando así que todos somos Estado y, sobre todo, que somos las autonomías las que tenemos la competencias sobre la sanidad, la educación o la dependencia".
Montero considera igualmente necesaria una definición expresa de los efectos que los cambios en la política tributaria adoptada por el Gobierno central ejercen sobre los recursos cedidos o compartidos de las haciendas autonómicas.
Asimismo, ha abogado por la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera de los gastos asociados al Estado de bienestar, buena parte de los cuales recaen sobre las comunidades autónomas.
Por ello, ha considerado que hay que acompasar la reforma del modelo de financiación autonómica con la de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que se encuentra en la actualidad poco adaptada a la realidad de las haciendas autonómicas.
