Un concejal de Podemos en Mijas, Francisco Martínez, lidera la Plataforma Pro Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Andalucía, que ha presentado una demanda ante un juzgado de Málaga para que se paralice la segunda asamblea de la formación en Andalucía, convocada por la secretaria general, Teresa Rodríguez, hasta que se elija la Comisión de Garantías, y que ya ha concitado 200 apoyos entre militantes.

Martínez es el primer demandante de esta paralización y la que ha arrastrado tras él a numeroso militantes de la formación morada, ante la carencia de esta comisión. Este concejal, junto con medio centenar de personas, entre ellas la ex secretaria de Podemos en Jaén Trinidad Ortega, dirigieron una carta abierta a Teresa Rodríguez en la que pedían que se procediera a elegir y cubrir antes las vacantes de la Comisión de Garantías que a celebrar el proceso congresual de la II Asamblea, prevista para los días 7 al 9 de noviembre y que en alguna de sus fases ya ha empezado el pasado 10 de octubre.

Miembros de la plataforma señalan que Martínez "ha de trabajar con escolta de la Policía Local al haber sufrido amenazas de muerte, ataques a su coche, insultos y vejaciones provenientes de personas que afirman ser inscritas en Podemos y que no han sido ni investigados ni sancionados por la Comisión de Garantías del partido, ya que dicho órgano no opera debido a la dimisión de sus integrantes y a la falta de elecciones para sustituirlos".

Más de doscientas personas están ya inscritas en Podemos se han adherido al procedimiento judicial abierto en Málaga a través de un contencioso especial, basado en la defensa del derecho constitucional a la participación política, en concreto a que los partidos funcionen democráticamente.

La razón que invocan desde la plataforma es la "inexistencia" de Comisión de Garantías de Andalucía, vacante desde julio de 2015, un órgano para velar "por el buen funcionamiento del proceso, además de hacer cumplir los estatutos y el código ético".

Ha indicado que la razón por la que se hace esta reclamación judicial es el respeto a las decisiones democráticas de los órganos de Podemos y a sus estatutos, ya que defienden que la Comisión Ciudadana Andaluza aprobó en su última reunión celebrar elecciones para elegir los miembros de la Comisión de Garantías.