Tribunales

La Junta pide que se archive la pieza de los ERE que afecta a Chaves y Griñán

Considera que ni hay una "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención

15.10.2016 | 16:23
Los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Junta de Andalucía, que está personada como acusación particular, ha pedido el sobreseimiento de la pieza de los ERE en la que están procesados los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como otros 24 ex altos cargos de varias etapas del gobierno regional.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, los servicios jurídicos de la Junta no aprecian prevaricación o malversación y señalan que "no existe prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones".

La Junta considera en el escrito que ni hay una "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.

"Esta parte no encuentra prueba de cargo alguna que permita afirmar que se ha implantado un procedimiento específico para la concesión de determinadas ayudas y/o subvenciones y con una finalidad ilegítima", indica el escrito.

La Junta entiende que los hechos imputados a los encausados no constituyen prevaricación, y tampoco pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, ya que este último extremo exige la preexistencia de una conducta prevaricadora seguida de otra que debe tener ánimo de lucro.

"No sólo no existe prueba alguna que acredite respecto de algún encausado que obró con ánimo de lucro o que permitió que un tercero obrara con tal ánimo lucrativo, sino que tampoco existe una concreción acerca de los fondos públicos malversados que, según la doctrina jurisprudencial expuesta, sólo alcanzaría a aquellos supuestos en que son destinados a un uso ajeno a la función pública", agrega en ese sentido.

Sin embargo, sí admite que se produjeron "múltiples irregularidades administrativas" que tienen "indiciariamente" trascendencia penal, pero que por afectar al procedimiento de concesión de ayudas, sus posibles responsabilidades penales han de dilucidarse en el seno de cada uno de los procesos que afectan a esos expedientes.

No comparte la tesis sostenida por el auto y por la pericial de los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de la existencia de una trama criminal, que no ve acreditada "de acuerdo con las diligencias de prueba acordadas".

La Junta considera que los peritos de la IGAE han cometido "errores" y "clamorosas fallas jurídicas" y cuestiona si han recibido "algún tipo de asesoramiento o si, por el contrario, se han aventurado a realizar un análisis jurídico de tan amplio espectro acudiendo a sus limitados conocimientos jurídicos".

Además, critica que otorguen al Parlamento andaluz "el residual papel de tonto útil para la ejecución de un plan criminal preconcebido", a la hora de aprobar los presupuestos.

Sobre la fiscalización, añade que "la falta de fiscalización previa es una irregularidad atribuible al órgano gestor de la ayuda y no al denominado procedimiento específico".

En cuanto a las transferencias de financiación, defiende su validez y explica que "no sólo no suprime control alguno sino que la fiscalización previa seguía siendo obligatoria por expresa disposición legal".

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