La Junta de Andalucía ha acusado por primera vez al exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el caso de los ERE por la ayuda de 3,2 millones de euros concedida en el 2003 a la empresa Aceitunas y Conservas, y pide que le imponga una pena de seis años y medio de prisión y una multa de 817.180 euros.

Tras ser procesado por el juez de instrucción Álvaro Martín en esta pieza de los ERE, los abogados de la Junta han pedido que se abra juicio oral contra el exconsejero así como contra los exdirectores generales de Empleo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y otros seis acusados más.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, los abogados de la Junta consideran que Fernández cometió, en la concesión de esta ayuda, los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, por los que solicita que se le imponga seis años y medio de prisión, 30 años de inhabilitación y una multa de 817.180,37 euros.

La acusación contra el exconsejero se presenta después de que la semana pasada la Junta de Andalucía pidiera el archivo de la causa relativa a la pieza política de los ERE, en la que están procesados 26 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.