­Retorno a los husos laborales originales. Los empleados públicos de la Junta de Andalucía volverán a disfrutar de una semana de 35 horas laborales, una vez que el Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto ley para la aplicación de esta medida que beneficiará a unos 270.000 trabajadores de diversos sectores de la administración. La recuperación de las 35 horas forma parte del compromiso que adquirió la presidenta, Susana Díaz, de restablecer durante esta legislatura los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012.

El nuevo horario entrará en vigor a partir del próximo 16 de enero en la Administración General, para extenderse luego a los sectores sanitario y educativo. La adaptación de los servicios públicos al restablecimiento de las 35 horas estará sujeta a la negociación colectiva con los representantes de los empleados. En este proceso se tendrán especialmente en cuenta las características del sector sanitario, donde se aplicará en función de los turnos de trabajo diario y los criterios de flexibilidad que se negocien en cada ámbito, mientras que en la Administración educativa la jornada se implantará progresivamente a partir del curso 2017/2018, según la Junta, «por razones de organización y planificación del calendario escolar».

De acuerdo con el calendario pactado con los sindicatos, los días adicionales de permiso por asuntos particulares han sido restituidos en las mismas condiciones vigentes en 2012, además de recuperarse los de vacaciones en función de la antigüedad. Igualmente, se recoge el compromiso de revisión del catálogo de enfermedades que son causa del abono del 100% del complemento de incapacidad temporal y de la totalidad de retribuciones correspondientes a los días de ausencia.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, señaló que con esta medida «se reforzará la calidad de los servicios, habrá mejores condiciones de trabajo, más posibilidad para conciliar la vida familiar y laboral y aumentará las oportunidades de empleo público en la comunidad». Vázquez dejó claro que Andalucía es «competente» a la hora de definir y regular la jornada laboral de sus empleados públicos, puesto que «tenemos competencias exclusivas, que nos atribuye el Estatuto de Autonomía, sobre la edificación de la función pública y en materia de personal», tras lo que añade que también lo dispone el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Citó esos preceptos legales y el acuerdo con los sindicatos para expresar su deseo de que el Gobierno central no recurra este decreto ley de 35 horas.

Por su parte, el sindicato CCOO saludó la vuelta a la jornada de 35 horas semanales, porque conlleva «recuperación de derechos y generación de empleo», algo suscrito también por CSIF-A, cuyo presidente, José Luis Heredia, valora este decreto-Ley y señala su influencia «en la creación de empleo público estable y de calidad», mientras que Satse pone en duda la recuperación «real» de la jornada de 35 horas en la sanidad andaluza.

El coordinador del Área pública de CCOO-A, Agustín de la Cruz, resaltó que «esa recuperación conlleva creación de empleo y mejora de los servicios públicos, por lo que directamente es una medida que necesita Andalucía», mientras que el representante del CSIF incidió en la necesidad de convocar, «cuanto antes», ofertas de empleo público «acordes a las necesidades de la función pública andaluza, para que no sigan existiendo urgencias colapsadas por la ausencia de personal, aulas con un ratio elevado en los centros educativos andaluces o problemas en la gestión de la dependencia, del desempleo o de los juzgados».

De igual modo, UGT indicó que se trata de un «paso adelante que fomentará la creación de empleo y, con ello, la mejora de la calidad de todos los servicios públicos que se vieron mermados con la ampliación de la jornada».