La Guardia Civil ha desarticulado en Cádiz una organización que había defraudado más de 250.000 euros al Servicio Andaluz de Salud dispensando productos ortopédicos a pacientes que no los precisaban y entre los implicados se encuentran directivos y exdirectivos de centros hospitalarios andaluces.

Según ha informado hoy el Instituto Armado, se ha puesto a disposición judicial a 22 personas, 13 detenidos y 9 investigados, entre los que se encuentran el director y el ex director gerente de los hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar de Cádiz; los ex directores económicos administrativos, una subdirectora de atención al usuario y varios médicos que ejercían en ambos centros hospitalarios durante los años investigados.

Se les acusa de varios delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsificación de documento público, intrusismo profesional y pertenencia a grupo criminal.

Además del perjuicio causado al erario público, una de las consecuencias más graves que se derivan de esta práctica criminal es el caso de un paciente al que se le denegó un material ortopédico que precisaba porque ya había sido retirado de forma fraudulenta usando sus datos, indica la fuente en un comunicado.

La operación se inició a instancias del Juzgado de Instrucción nº 1 de Puerto Real para investigar unas supuestas irregularidades detectadas por el Equipo Provincial de Inspección de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía por la facturación de la prestación ortoprotésica prestada por el Hospital Universitario de Puerto Real, durante los años 2012, 2013 y primer semestre de 2014.

Las investigaciones detectaron una trama organizada que estaría conformada por algunos funcionarios del Servicio Andaluz de Salud del Hospital de Puerto Real y varios titulares de ortopedias de las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga.

Posteriormente se determinó que gran cantidad de recetas emitidas para la prescripción de material ortopédico, una vez firmadas y selladas, terminaban en manos de distintas ortopedias que las rellenaban con datos de usuarios a los que se les prescribían de manera ficticia.

Habían facturado productos a nombre de más de 125 personas, a las que se suman otras a las que habían seguido cargando productos ortopédicos aun después de su fallecimiento.

Entre otras acciones habían prescrito prótesis de amputados a personas que manifestaron no haber recibido los productos, aclarando además que padecían amputaciones distintas a la de estos artículos facturados irregularmente a su nombre, prótesis de amputados a personas no amputadas o hicieron prescripciones duplicadas de artículos ortoprotésicos por las que se realizó una doble facturación.

Aunque el fraude detectado supera los 250.000 euros, el ahorro en la dispensa de material de ortopedia desde que se detectó el mismo y se corrigieron las deficiencias supera ampliamente el medio millón de euros en uno de los hospitales, según la fuente.