El Parlamento andaluz cerró ayer un año y medio de trabajos en la comisión de investigación sobre los cursos de formación sin dilucidar ninguna responsabilidad política y eximió a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en una votación que solo contó con el apoyo del PSOE.
El dictamen de la comisión que ha investigado las subvenciones a la formación de la Junta señalaba como responsables políticos a Chaves y Griñán, al haber ejercido la «superior dirección y coordinación de todas las consejerías». El documento de síntesis elaborado por el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), señalaba también como responsables de las «incidencias e irregularidades» detectadas a todos los consejeros de Empleo y los viceconsejeros competentes en materia de Formación Profesional para el Empleo desde el año 2002 hasta el 4 de mayo de 2012 (el primer gobierno de Susana Díaz se constituyó en septiembre de 2013). También consideraba responsables a los titulares de la Dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); a los de las delegaciones territoriales de la Junta con competencias en Formación para el Empleo y a los titulares de las delegaciones provinciales del SAE.Una votación muy confusa
Sin embargo, todos ellos fueron eximidos de responsabilidad con el único apoyo del PSOE-A en una votación muy confusa. En ella, el PP y Ciudadanos optaron por pedir responsabilidades, parte de IU no se pronunció por equivocación y Podemos declinó votar. Tanto la portavoz de IU, Elena Cortés, como la diputada no adscrita, Carmen Prieto, solicitaron al presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, repetir la votación pero éste rechazó la petición en aplicación del Reglamento de la Cámara.
Además de este bloque de votación, el PSOE y Ciudadanos votaron favorablemente al resto del dictamen final, que rechazaron el PP e IU y en el que Podemos tampoco se pronunció. En el dictamen no estaba incluido, como pretendían PP, Podemos e IU, que se declarara responsable a la presidenta, Susana Díaz, y al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, por haber mantenido las paralización de los cursos de formación desde 2012 a la actualidad.
El grueso del resto de dictamen final, es decir el polémico preámbulo «plagiado y de pega y corta», según IU, y las recomendaciones fueron aprobadas por el PSOE y Ciudadanos, y rechazadas por el PP e IU. Podemos tampoco votó.
Entre ellas, se aprobó exigir al Gobierno el desarrollo de la nueva ley de formación profesional para el empleo, aprobada en septiembre de 2015. Igualmente, se propone la elaboración de estudios previos rigurosos de las tendencias y necesidades del mercado laboral, de manera que la oferta de los cursos sea producto de dicho estudio, con la consiguiente comprobación y valoración real y efectividad de la empleabilidad.
La diputada y representante del PP-A en la comisión de investigación, Teresa Ruiz-Sillero, consideró que el dictamen que es «deplorable», al tiempo que acusó a Marín de tener puesta «una venda para no perjudicar a Susana Díaz en sus ambiciones políticas».
Podemos, por su parte, explicó que había decidido no votar para no «seguirle el juego» a la «chapuza continuada» que, a su juicio, han hecho el PSOE-A y Cs en la comisión de investigación.
