El juicio contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la pieza política de los ERE empezará el 13 diciembre de 2017 y acabará en función de las sesiones que se necesiten, según han acordado los abogados, la Fiscalía Anticorrupción y el tribunal que presidirá la vista oral.

El juicio, con 22 ex altos cargos andaluces acusados, se celebrará con tres sesiones semanales y empezará con las cuestiones previas, que se expondrán el 13, 14 y 15 de diciembre, y el 9 enero de 2018 se retomará la vista oral con las declaraciones de los acusados.

Las sesiones del lunes y martes serán solo por la mañana, y la de los miércoles por la mañana y por la tarde, han informado a Efe abogados presentes en la reunión de todas las partes.

El juicio durará varios meses, y cuando declaren los acusados y los testigos se fijará un cronograma, han añadido los abogados, algunos de ellos con despachos en Madrid.

La reunión para establecer el calendario ha estado presidida por el ponente del caso, el juez de la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla Juan Antonio Calle Peña, que sustituyó al magistrado Pedro Izquierdo, recusado porque fue ex alto cargo de la Junta de Andalucía.

A la reunión también han asistido los abogados de los acusados y de la acusación particular del PP, mientras que otra acusación, la de Manos Limpias, ya avisó al tribunal que se plegaba al acuerdo que se alcanzara.

En esta pieza de los ERE están acusados, además de Chaves y Griñán, otros veinte ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos seis exconsejeros: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Fernández.

En la pieza política de los ERE se investiga el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre los años 2000 y 2011 para ayudas a empresas, que supuso un desembolso discrecional y arbitrario de 855 millones de euros, según el juez que dictó el auto de procesamiento contra los ex altos cargos, Álvaro Martín.

Entre los procesados hay también dos exviceconsejeros, dos directores generales de Trabajo, un interventor general de la Junta, un ex director general de Presupuestos, el exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía y dos directores generales de la agencia pública IDEA, que pagaba las ayudas.

El procedimiento específico tenía por objeto "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía", según el juez Martín, que estuvo de refuerzo en el juzgado de instrucción 6, cuya anterior titular, Mercedes Alaya, abrió la investigación en enero de 2011.

Con este procedimiento se repartieron de forma discrecional o arbitraria al menos 854,8 millones de euros y a pesar de las advertencias que se hicieron desde instancias públicas y privadas del mal uso de los fondos públicos, indicó el juez de refuerzo.

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán -presidente entre los años 2009 y 2013- por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.

Para Chaves, que fue presidente durante 19 años, entre 1990 y el 2009, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Además, la Fiscalía solicita ocho años de prisión para los exconsejeros Viera, Fernández y Vallejo por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Martínez Aguayo, por el mismo delito.