A veces lo importante es estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. El PP había presentado cinco proyectos de ley, cinco proposiciones no de ley, una moción y enmiendas al respecto a todos los Presupuestos de la Junta desde 2005, con el objetivo de suprimir el impuesto de Sucesiones que aplicaba la Junta a quienes heredaban, al considerar que se trata de un tributo injusto. Había convertido este asunto en su principal arma arrojadiza contra el Gobierno de Susana Díaz. Pero sin éxito. Ahora Ciudadanos ha hecho valer su condición de llave para la gobernabilidad de Andalucía y ha forzado al PSOE a acordar elevar a un millón de euros el mínimo exento en este impuesto, lo que hace que prácticamente se firme su defunción. Y lo ha hecho a cambio de respaldar con su voto los presupuestos en el Parlamento.

La reforma significa, en la práctica, que solo el 5% de la población andaluza tendrá que pagar, una vez entre en vigor el 1 de enero de 2018. Es decir, el 95% restante quedará dispensado, algo que este miércoles se encargó de anunciar y de celebrar el presidente y portavoz de Cs en el Parlamento, Juan Marín, tras la rúbrica del acuerdo presupuestario entre los socios de investidura. Una alianza que, según destacaron los partidos firmantes, garantiza estabilidad en Andalucía.

De cara al Presupuesto andaluz del presente ejercicio, PSOE-A y Cs ya acordaron elevar el mínimo exento a 250.000 euros y ahora, según Marín, con la elevación al millón de euros por heredero el impuesto de Sucesiones ha «desaparecido de facto» en la comunidad y se ha hecho «justicia social».

La elevación del mínimo exento al millón de euros para grupo 1 y 2 (de padres a hijos y de cónyuge a cónyuge) tendrá un impacto de 83 millones de euros sobre las arcas públicas, de acuerdo con las liquidaciones a 31 de diciembre de 2016, según explicó Marín.

Sin embargo, para el PP no basta. El presidente del partido en Andalucía sostiene que el acuerdo entre el PSOE y Cs supone «un paso adelante» aunque no es «suficiente», por lo que ayer anunció que su grupo parlamentario presentará una enmienda al Presupuesto de la Junta para 2018 para bonificarlo al 99% y situar un mínimo exento para hermanos y sobrinos.

En rueda de prensa, rodeado por el cartel de la campaña Hereda100x100 y las cajas en las que fueron reuniendo las 330.000 firmas logradas contra este impuesto, Moreno dijo que la presidenta de la Junta puede conformarse con «una mayoría más uno» en la aprobación del próximo Presupuesto de la Junta o ser «más ambiciosa» y lograr «el mayor acuerdo del autonomismo».

Para ello, según explicó, Susana Díaz tendría que apoyar la enmienda del PP-A para bonificar este impuesto al 99% y sentarse a negociar con su formación sobre el modelo de gestión educativo, sanitario y de empleo. «El acuerdo lo tiene al alcance de su mano».

Por su parte, Podemos manifestó que este acuerdo presupuestario demuestra que «Susana Díaz está en el ala más a la derecha del PSOE». Así se expresó la portavoz adjunta del partido en el Parlamento, Esperanza Gómez, quien criticó la «rendición» del Gobierno de Susana Díaz ante la demanda de Ciudadanos sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cediendo a las políticas «más de derecha y neoliberales, las que el PP-A viene defendiendo en Andalucía desde hace mucho tiempo».

Y el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, avisó de que esta nueva alianza entre los socios de investidura «sepulta la posibilidad de acuerdo» en el grupo para abordar la financiación autonómica constituido en el Parlamento andaluz.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, destacó, sin embargo, un acuerdo que permitirá que este impuesto «solo lo paguen los millonarios», aunque insistió en que durante mucho tiempo ha sido «demonizado», como ya dijo el pasado mes de julio.

Díaz mostró su satisfacción e indicó que «en un contexto de inestabilidad del país», que Andalucía sea la primera comunidad y administración que garantiza sus cuentas es un elemento que ofrece «estabilidad» y, además, supone «generar un espacio de confianza para generar riqueza y empleo, que es la principal demanda y necesidad de los andaluces».

Desde su punto de vista, se trata de un presupuesto «profundamente social y comprometido con las necesidades de los andaluces», de manera que «va a crecer en aquello que impacta en la calidad de vida de los ciudadanos».

Las cuentas andaluzas «crecen y mucho», según destacó Díaz, en política sanitaria, con 500 millones más que irán «directamente a la sanidad pública en Andalucía». De este modo, la partida destinada a Sanidad aumentará un 5%. El acuerdo recoge que, especialmente, se impulsará la atención infantil temprana con el fin de dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo (28,8 millones).

La educación, como pilar del estado del Bienestar, también recibirá un importante impulso económico. Un 3,3% más que el año pasado, es decir, 200 millones más para la política educativa, donde se incluyen las partidas destinadas a la bonificación de las matriculas universitarias.

Asimismo, la presidenta de la Junta llamó la atención sobre los 200 millones de euros que se dedicarán a la renta mínima de inserción, lo que supone, a su juicio, «un compromiso claro y nítido con quien peor lo ha pasado».

Los presupuestos andaluces para 2018 servirán para dar un fuerte impulso a distintas infraestructuras como el Puerto Seco de Antequera, que recibirá tres millones de euros para el inicio de las obras de la primera fase, prevista para el segundo semestre del año. También el tranvía de Jaén, el tranvía Sevilla-Aeropuerto, el Palacio de Congreso de Córdoba, la comarcal Jerez-Rota (Cádiz), la desaladora de la comarca de Almanzora (Almería) y el túnel de San Silvestre en Huelva.