Tribunales

La pieza política de los ERE enfrenta a 22 acusados a hasta 10 años de cárcel

El proceso que sienta en el banquillo a Chaves, Griñán y otros 20 ex altos cargos de la Junta comienza hoy con la presentación de las cuestiones previas - A partir del 9 de enero declararán los acusados y los más de cien testigos

13.12.2017 | 15:14
La pieza política de los ERE enfrenta a 22 acusados a hasta 10 años de cárcel
Vista de la sala de la Audiencia de Sevilla donde se juzgará la macrocausa a partir de hoy.

Las posiciones de los partidos

  • PSOE: Respeto a la justicia y a las instituciones
    El PSOE-A defendió ayer la «honradez, honorabilidad y honestidad» de los expresidentes Chaves y Griñán y pidió al resto de partidos respeto a la justicia, a la instituciones y a las personas. En este sentido, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, criticó que el PP haya utilizado este caso para tratar de convertirlo en una «causa general» contra el PSOE-A cuando no hay «nada que relacione» al partido con los hechos.
  • PP: Que paguen los responsables
    El presidente del PP-A, Juanma Moreno, dijo ayer que espera que el juicio de la pieza política de los ERE «esclarezca toda la trama», aclare qué «red de complicidad» hubo y hasta dónde llegó, y que los responsables, «sean quienes sean, paguen». Para Moreno, asimismo, es fundamental que se devuelva «hasta el último céntimo de euro que haya sido desviado de manera irregular» y que se conozca la verdad del caso.
  • Cs: Que la justicia haga su trabajo
    El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, expresó ayer su deseo de que la justicia «haga su trabajo» en el caso de los ERE y determine el nivel de responsabilidad de los que han cometido irregularidades. Marín calificó este episodio de «muy triste», por cuanto «más de 800 millones de euros de recursos tienen una sombra de duda importante».
  • Podemos: Un juicio rápido y que aclare qué ocurrió
    El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, reclamó celeridad en la celebración del juicio y consideró indiferente que los expresidentes Chaves y Griñán comparezcan al principio o al final del mismo. En rueda de prensa, Pérez Ganfornina dijo que a su formación solo le preocupa «que se cumplan todas las garantías para que se sepa la verdad y qué ha pasado con los 800 millones perdidos».
  • IU: Una responsabilidad política imperdonable
    El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, advirtió ayer de que, independientemente del resultado del juicio sobre los ERE, existe una responsabilidad política «imperdonable» en este caso que «Andalucía no puede olvidar». Maíllo abogó por «separar lo político» del ámbito de la justicia, y consideró un error que, si al final se produce una absolución en lo judicial, se extienda al ámbito de lo político.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir de hoy a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos acusados en el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que la Fiscalía Anticorrupción cifra en 741 millones de euros.

De este modo, la vista oral comenzará a las 10.00 horas de hoy con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas, que está previsto que se prolonguen también mañana jueves y el viernes, tras lo que el juicio está previsto que se reanude ya el 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados.

Fuentes del caso informaron de que los abogados de los acusados plantearán media docena de cuestiones previas. Una de las más reseñables es la que presentará el abogado de Griñán, que reclamará la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez de refuerzo Álvaro Martín al considerar que se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley que consagra el artículo 24.2 de la Constitución, por su designación como encargado de la instrucción de la causa de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del Juzgado.

Y es que el abogado considera que este nombramiento sólo habilitaba a Álvaro Martín para realizar labores de apoyo o asistencia a la juez titular, todo ello en un caso que comenzó a instruir en enero de 2011 la magistrada Mercedes Alaya.

Tras la presentación de las cuestiones previas, el juicio se reanudará el 9 de enero con la declaración de los 22 acusados, así como de 117 testigos propuestos por Anticorrupción, las dos acusaciones ejercidas por el PP-A y Manos Limpias y las defensas, y una docena de peritos que han realizado informes periciales sobre el objeto del denominado procedimiento específico.

Por el momento, se desconoce cuál puede ser la duración del juicio por la denominada pieza política de los ERE, aunque todas las partes coinciden en que se prolongará durante varios meses, al menos hasta el verano. Algunas fuentes no descartan incluso que se alargue durante todo un año.

En el estrado, además de los integrantes del tribunal, se sentarán los 21 abogados de los 22 acusados, los dos fiscales delegados de Anticorrupción y los letrados que ejercen la acusación en nombre del PP-A y del sindicato Manos Limpias.

El tribunal estará formado por los magistrados Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Juan Antonio Calle Peña, que ejercerá de ponente. Entre los acusados, además de Chaves y Griñán, destacan los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.

El juicio, como no podía ser de otra manera, ha levantado una enorme expectación mediática, como muestra el hecho de que se hayan acreditado 160 profesionales de 40 medios de comunicación.

La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados. Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para Griñán, mientras que para Chaves pide una condena de diez años de inhabilitación por prevaricación. A este último no le acusa de malversación.

La acusación particular que ejerce la Junta, por su parte, ha solicitado el archivo de esta pieza de los ERE, mientras que el PP-A suma a los delitos de prevaricación y malversación el de asociación ilícita y pide dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para Griñán.

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