El juicio por el caso de los ERE comenzó este miércoles en la Audiencia de Sevilla, tras siete años de instrucción, con los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el banquillo de los acusados, en una sesión en la que se leyeron los escritos de acusación de la Fiscalía y del PP.
En medio de una gran expectación mediática, los procesados -Chaves, Griñán y una veintena de miembros de sus gobiernos en la Junta de Andalucía- escucharon los hechos que se les imputan en la primera de las piezas de la macrocausa que llega a juicio, la conocida como «pieza política».
Se enfrentan a peticiones de entre dos y diez años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita que presuntamente cometieron al crear o mantener un «procedimiento específico» por el que entre 2001 y 2011 se repartieron 854 millones de euros en ayudas públicas sociolaborales de forma «arbitraria» y «sin control».
Este procedimiento permitió que parte de las ayudas (la Fiscalía cifra el fraude en 741,59 millones) acabara en manos de «entidades y personas que no reunían los criterios» para recibirlas y «en cuantía improcedente».
Había expectación por oír a Chaves y Griñán -ambos exministros y expresidentes del PSOE- y a los siete exconsejeros y otros excargos del Gobierno socialista andaluz procesados, pero no hicieron declaraciones ni a la entrada de los juzgados, adonde fueron llegando de forma escalonada, ni a la salida.
En la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla prácticamente solo se escuchó la voz del letrado de la administración de justicia Rafael Castro, encargado de leer los dos escritos de acusación durante las cuatro horas de sesión.
El magistrado presidente del tribunal, Juan Antonio de la Calle, dio paso a las 10.50 horas a la lectura de los 44 folios del escrito de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se pide entre 6 y 8 años de prisión y 30 de inhabilitación para 15 acusados (entre ellos Griñán) por prevaricación y malversación y 10 años de inhabilitación a siete (entre ellos Chaves) a los que sólo acusa de prevaricación.
Tras su lectura, que se prolongó hasta las 12.30 horas, el tribunal hizo un receso de 15 minutos durante el cual en los pasillos de la Audiencia de Sevilla acusados y abogados departieron entre ellos, antes de dirimir si la acusación popular que ejerce el PP renunciaría o no a la lectura de su escrito de 107 folios (Manos Limpias sí lo hizo al coincidir con el del fiscal).
Finalmente, los letrados del PP, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, pidieron que se leyera prescindiendo de 58 páginas que reproducen documentación de la causa, algo que no sentó nada bien a los acusados y sus defensas, algunas de las cuales expresaron al tribunal su desacuerdo, como el abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, Pedro Apalategui, por considerar que todas las partes están ya enteradas de los delitos por los que son juzgados.
El PP, la acusación más dura
El PP acusa a los 22 procesados de un tercer delito, asociación ilícita, por el que pide dos años de cárcel, y al terminar el letrado la lectura alertó de que se había saltado un párrafo «importante» -que finalmente leyó- en el que argumenta que los acusados forman parte de una «conspiración» que usó las ayudas para tejer «una red clientelar».
La lectura en sala de los escritos que las partes remiten al tribunal previamente al abrirse juicio oral es un derecho al que pueden renunciar y, aunque es un uso habitual que el juez se limite a preguntar si se dan por enterados de los hechos que se enjuician o se lea solo el del fiscal, el tribunal optó por ser «garantista», en palabras del letrado Juan Carlos Álferez que representa al exdirector de IDEA Jacinto Cañete.
Tan mal sentó en las defensas y los acusados que decidieron que hoy se leerán también sus escritos, al menos en parte -el abogado de Griñán ya lo dijo al tribunal en la sala-, lo que hará que previsiblemente la exposición de las cuestiones previas no comience hasta el final de la sesión de hoy (en la que uno de los acusados, Antonio Lozado, se ausentará por motivos médicos) o hasta mañana viernes, quedando incluso algunas pendientes para cuando se reanude el juicio el 9 de enero.
La primera sesión no arrojó ayer más información que comprobar que defensas y acusaciones no van a pasarse ni una y ver en el receso y a la salida, después de muchos años, compartiendo corrillos a Chaves con Griñán y los exconsejeros Magdalena Álvarez o Francisco Vallejo, mientras el ex director general de Trabajo Javier Guerrero y los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández apenas hablaron con sus abogados y la prensa pero no con otros acusados.
