La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, confirmó ayer que el Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes el decreto ley para la puesta en marcha de la renta mínima de inserción, con el fin de que pueda entrar en vigor el 1 de enero.

Así lo indicó la presidenta al responder a una pregunta acerca de la renta mínima que le formuló el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, en la sesión de control del Gobierno andaluz en el Pleno de la Cámara autonómica.

Díaz resaltó que para que la renta mínima de inserción se pueda poner en marcha ha sido necesaria la aprobación del presupuesto de la Junta para 2018, que, como recordó, no ha contado con el apoyo de IULV-CA, que al igual que el PP-A y Podemos votó en contra del mismo, pese a que posibilita la puesta en marcha de dicha renta que va a «beneficiar a miles de familias», según le reprochó ayer la presidenta a Maíllo.

La jefa del Ejecutivo andaluz explicó que el decreto va a establecer los criterios de reparto de dicha renta y además dispondrá de un calendario de aplicación sobre el que ya se debatió en el Parlamento, apuntó.

Díaz defendió que la renta mínima de inserción «no nace sólo como una ayuda económica, que también, sino como una política más amplia de integración social y laboral», que el Gobierno andaluz ha abordado «no en solitario, sino de la mano del acuerdo, el consenso y el trabajo de quienes día a día saben de las dificultades de los andaluces», como son sindicatos, ONG y asociaciones como el Cermi o la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión.

Maíllo, por su parte, indicó que casi 250.000 hogares en Andalucía tienen a todos sus miembros en paro y serían susceptibles de recibir esa renta mínima de inserción si se incluyeran los criterios por los que aboga IU y que confía que apruebe el Consejo de Gobierno la próxima semana.

El portavoz de la federación de izquierdas dijo además echar de menos «más concreción» en la primera respuesta de la presidenta de la Junta, e indicó que por ello habrá que esperar a conocer «la letra pequeña» del decreto el próximo martes, advirtiendo de que en ella es donde está «la trampa».