El exinterventor de la Junta Manuel Gómez insistió ayer en el juicio de la pieza política del caso ERE, en el que está procesado junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en que no omitió su deber de control y alertó en numerosos informes de irregularidades administrativas. En su escrito de defensa, leído ayer en la tercera sesión del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta, Gómez mantiene que «plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas» en el sistema de concesión de ayudas públicas y «los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas», por lo que «no omitió, en el cumplimiento de sus funciones como interventor, acción alguna impuesta por ley».
El exinterventor se enfrenta a ocho años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Para él, es incongruente basar la acusación contra una veintena de exdirigentes del Gobierno andaluz en la creación y mantenimiento de un procedimiento específico para dar las ayudas a sabiendas de su irregularidad y que a la vez se le acuse «de connivencia con los autores materiales de la malversación», a quienes alertó «de las irregularidades del sistema».
Los expresidentes socialistas Chaves y Griñán y los exconsejeros procesados basan sus defensas en que el sistema por el que entre 2001 y 2011 se concedieron 854 millones de euros en ayudas sociolaborales no era ilegal, y así lo avalan los órganos de control, entre ellos la Intervención, que no emitió informe de actuación para paralizar su concesión ni contra las modificaciones presupuestarias aprobadas para hacer frente a esos gastos.
Manuel Gómez defiende que, pese a que hizo constar que era inadecuado que pagara las ayudas la agencia pública IFA/IDEA con dinero de la Consejería de Empleo mediante transferencias de financiación, sus informes eran favorables por la «corrección procedimental» seguida en el pago de las mismas, para lo cual las modificaciones presupuestarias eran incluso aprobadas por el Pleno del Parlamento.
Hasta el 9 de enero
Con la lectura de los escritos de defensa de diez acusados (otros tres han renunciado a hacerlo) concluyó a las 14.30 horas la tercera sesión del juicio, que, pese a la propuesta del tribunal de habilitar nuevas sesiones la próxima semana, no se reanudará hasta el 9 de enero como estaba previsto. Y es que la lectura de estos escritos ha consumido los tres días de juicio fijados inicialmente para plantear las cuestiones previas.
