Reunión con los sindicatos

Las 35 horas para funcionarios se blindan a pesar de la sentencia del TC

La consejera María Jesús Montero no contempla que el acuerdo para reconocer 2,5 horas semanales de trabajo no presencial sea recurrido por el Gobierno central

20.12.2017 | 09:33
María Jesús Montero durante la reunión mantenida ayer con los sindicatos UGT CCOO y CSIF.

IU quiere a Montero en el pleno

  • El portavoz de la Comisión Colegiada de IU Andalucía, Pedro Ortega, ha anunciado que el grupo parlamentario de IU solicitará este martes, al comienzo de la sesión plenaria, la modificación del orden del día para que se incluya la comparecencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, registrada con carácter de urgencia el pasado viernes. IU Andalucía solicita al Consejo de Gobierno una valoración sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la Junta de Andalucía y las 18 horas lectivas semanales para los profesores de la comunidad, según informa IULV-CA en un comunicado.

Ruiz Espejo pide que el PP explique el recurso de Rajoy

  • El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Espejo, compareció este lunes antes de la ejecutiva provincial y valoró la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. En este sentido, criticó que el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy interpusiera un recurso por la jornada laboral de las 35 horas. Apuntó, también, al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, asegurando que le debe una disculpa a los funcionarios andaluces. «El PP ha vuelto a mostrar su desprecio hacia Andalucía con la presentación del recurso de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos. El PP de Málaga tiene que dar la cara y decir por qué no ha movido un dedo para que haya nuevas contrataciones en servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad», sentenció Ruiz Espejo al respecto.

La Junta de Andalucía ratificará este martes en Consejo de Gobierno el acuerdo alcanzado este lunes con los sindicatos de la Mesa General de Negociación Común que tendrá la figura de decreto y que permitirá cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces.

El mecanismo burocrático desarrollado se basa en contabilizar como carga laboral efectiva las horas que los funcionarios dedican a tareas relacionadas con su trabajo en su domicilio. Así, la jornada laboral de 37,5 horas que impone el TC se desarrollará en 35 horas presenciales y habrá media hora diaria para tareas de formación y preparación de tareas. Esto significa que en la práctica se mantiene la jornada laboral de 35 horas que entró en vigor el pasado mes de enero.

En la provincia de Málaga se ven afectados unos 40.000 funcionarios que ahora pueden estar tranquilos, después de la incertidumbre creada el pasado viernes, cuando se dio a conocer que el TC había dado razón al recurso interpuesto por el Gobierno central.

Montero explicó al respecto que este acuerdo será de aplicación «inmediata» para toda la administración andaluza y no supondrá sobrecostes. En concreto, la consejera de Hacienda se reunió con dirigentes del área pública de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, con los que alcanzó un acuerdo que posibilita sortear, a priori, la aplicación de lo que dictamina el TC.

Aunque las partes implicadas aseguraron que todas acatan la sentencia del TC, y que todos los firmantes respetan la sentencia, coincidieron en considerar el dictamen como «negativa» para los empleados públicos.

Sobre posibles incompatibilidades jurídicas entre el decreto y la sentencia del TC, Montero aseguró que la ratificación por parte del Consejo de Gobierno otorga una cobertura legal que es firme. La consejera no contempla que este acuerdo sea recurrido por el Gobierno y alegó que la competencia de la comunidad autónoma en materia de organización de la jornada del trabajo.

También resaltó el hecho de que el Ejecutivo central «no tiene ningún elemento al que agarrarse para impugnar el acuerdo de este martes», toda vez que «en algunos sitios ya se hace, como AENA, con media hora de cortesía que le dejan a los trabajadores que lleguen antes a su puesto de trabajo». Este reconocimiento normativo de estos tiempos de dedicación no presenciales «que ya se venían haciendo», supone para Montero responder a «una aspiración sindical histórica». Según abundó, el acuerdo establece que la jornada general ordinaria de trabajo será de 37,5 horas semanales, de las que 35 horas serán de obligada permanencia en el puesto, mientras que las 2,5 horas restantes se dedicarán a la preparación y organización de las tareas propias del puesto de trabajo o consulta de materias relacionadas con el puesto.

La sentencia del TC, que se conoció a primera hora del pasado viernes anuló sobre el papel la jornada laboral de 35 horas de los empleados públicos en Andalucía y evidenció dos criterios diferentes.

Entienden los jueces que su aplicación, vigente desde el pasado mes de enero, vulnera las normas dictadas por el Estado. Una lectura que implica, a su vez, la asunción de que el Gobierno de Susana Díaz se habría excedido en sus competencias, menoscabando la autoridad para regular el régimen jurídico de las administraciones públicas. Esta sentencia del alto tribunal afectó también a la enseñanza, ya que anuló, a su vez, la jornada de las 18 horas lectivas para docentes.

Si en Málaga, el número de trabajadores públicos afectados es de 40.000, la cifra total, a nivel regional, ronda los 270.000. La decisión, a juzgar por rápida actuación de Montero, no pilló por sorpresa a la Junta de Andalucía.

El pasado viernes, a primera hora de la tarde, Montero compareció para valorar la sentencia y detallar las medidas que negociaría con los sindicatos y adoptaría el Gobierno para dejar la sentencia del TC sin consecuencias a efectos prácticos, y que no afectará a los empleos.

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