11 de enero de 2018
11.01.2018
Tribunales

Las defensas del caso de los ERE piden excluir la acusación del PP de asociación ilícita

Critican la intención de los populares de querer politizar el proceso, como demostraría el hecho de que quieran llamar como testigo a Susana Díaz

15.01.2018 | 23:31
El exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías llega a la quinta sesión del juicio del caso de los ERE.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla celebró ayer una nueva sesión del juicio contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico por el que se concedían ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, durante la que las defensas continuaron presentando sus cuestiones previas, coincidiendo la mayoría de ellas en solicitar excluir del objeto de enjuiciamiento el presunto delito de asociación ilícita esgrimido por el PP andaluz en su escrito de acusación. Asimismo, criticaron la intención del PP-A de querer politizar el proceso.

Así, por ejemplo, se manifestó durante su intervención Gonzalo Martínez-Fresneda, el abogado defensor del que fuera consejero de presidencia de la Junta Gaspar Zarrías, quien planteó la vulneración del derecho fundamental a ser informado de las acusaciones. Para el letrado, el PP-A «sostiene esta acusación en la pretensión de politizar» el proceso, atendiendo «a sus intereses extraprocesales».

Además, Martínez-Fresneda manifestó que el hecho de que se haya propuesto a testigos como la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios «tiene la misma finalidad». La acusación de un delito de asociación ilícita, según el letrado de Zarrías, tiene «un lastre político» que el tribunal «no puede permitir».

La exclusión del delito de asociación ilícita también fue solicitada por la defensa de la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, el abogado Rafael Alcácer, quien argumentó que dicho delito no sólo no figuraba en las diligencias previas de 2011 de las que nace la causa elevada ahora a juicio –pues no olvidemos que la macrocausa de los ERE fue dividida en seis piezas a finales de 2015– sino que tampoco se recoge en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

Es más, el letrado advirtió de que ni su representada ni el resto de los acusados han sido preguntados durante la instrucción de la causa por hechos o situaciones relacionadas con este presunto delito, y consideró «inverosímil que hubiese un acuerdo de voluntades entre 22 personas que estaban al frente de departamentos tan dispares [de la administración andaluza], durante diez años».

En este sentido, Pedro Apalategui, abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barbera, y José Manuel Herrera, el letrado defensor del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, insistieron en esta cuestión previa de vulneración de derecho a ser informado de las acusaciones, calificando de «sorpresiva y extravagancia jurídica» la inclusión del delito de asociación ilícita.

Otra de las cuestiones previas presentadas ayer por algunas de las defensas de los acusados, como ya hiciera el martes el abogado defensor de Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, es declarar «nulas de pleno derecho» las actuaciones del magistrado Álvaro Martín como juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6, encargado de la investigación de los hechos elevados ahora a juicio.

En la sesión del martes, José María Mohedano, abogado defensor de Griñán y Lozano, reclamó también la nulidad de las actuaciones de instrucción del juez Álvaro Martín, al considerar vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley o «juez natural» que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, argumento compartido ayer por las defensas de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo y de Gaspar Zarrías, los abogados Víctor Moreno y Gonzalo Martínez-Fresneda, respectivamente.

Comisión de servicio

En 2013, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concedió una comisión de servicio para que el citado juez actuase como refuerzo o apoyo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, con Mercedes Alaya como instructora inicial de todo lo relativo a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, canalizada en subvenciones para expedientes de regulación de empleo supuestamente fraudulentos y ayudas directas y presuntamente arbitrarias.

Posteriormente, en 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó el plan acordado por la juez María Núñez Bolaños y Álvaro Martín como magistrado en comisión de servicio, para que éste asumiese la tramitación de las seis piezas en las que Núñez había dividido el macrocaso de los expedientes de regulación de empleo, entre ellas la pieza correspondiente al procedimiento específico.

De otro lado, el abogado defensor de Martínez Aguayo ha solicitado, como estaba previsto, una modificación en el orden de práctica de las pruebas durante la vista oral, para que los acusados declaren después de los testigos y los peritos y no antes de los mismos.

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