El viceconsejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, celebró ayer el «hecho simbólico» de que el Ejecutivo andaluz acceda por primera vez a los documentos clasificados sobre la muerte de Manuel José García Caparrós, fallecido en la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977 por un disparo de bala, pero ha exigido que estos documentos sean de dominio público.

«La figura de Caparrós es un símbolo de la lucha por nuestra autonomía. Conocen su historia, cómo murió desgraciadamente por una bala de la policía el 4 de diciembre de 1977», declaró el viceconsejero andaluz en el Congreso de los Diputados, adonde acudió a conocer el expediente de la muerte de este andaluz junto al coordinador de la interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, el director general de la Memoria Democrática, Javier Giráldez, y la delegada de la Junta de Andalucía en Madrid, Candela Mora.

Según explicó López Gil, el acceso a estos documentos tiene «limitaciones», como ya las tuvo la diputada de IU Eva Sempere. En concreto, no se puede trasladar públicamente nada del contenido, ni asociar nombres -porque el documento está disociado- ni sacar copias de los documentos.

De esta manera, López Gil valoró «el hecho simbólico» de que la Junta acceda a esta información, pero aseguró que no se van a «parar aquí» y que van a dar «batalla política» y a «agotar todos los recursos jurídicos» para que los documentos se hagan públicos. «No es normal que 40 años después sigamos sin saber exactamente qué es lo que pasó el día de su muerte y cómo ocurrió esa muerte», aseveró, y añadió que es «muy injusto» que puedan conocer los detalles de lo sucedido investigadores o diputados, pero no los familiares de la víctima.

Por su parte, Pradas definió a García Caparrós como un «mártir de la autonomía» y un «símbolo del patrimonio histórico» de Andalucía. Asimismo, expresó el «orgullo» que siente por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Andalucía, algo que según él «contrasta» con lo que sucede en el conjunto de España.

Según el diputado socialista, los últimos años del Gobierno del PP se han traducido en que no se dote con «ni un solo euro» a la Ley de Memoria Histórica, por lo que concluyó que «es muy difícil de llevar a la práctica».