El exviceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro ha negado este lunes en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE presuntamente fraudulentos, que las modificaciones presupuestarias destinadas a sufragar las prejubilaciones implicasen un intento de "soslayar" los reparos o la fiscalización de la Intervención, descartando además avisos respecto a un supuesto "uso inadecuado" de las transferencias de financiación.

Salgueiro ha comparecido como acusado ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, en esta vista oral destinada a resolver los cargos que pesan contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento de financiación de los ERE supuestamente fraudulentos.

Durante su comparecencia, Salgueiro ha accedido a responder las preguntas de la Fiscalía y de su abogado defensor, pero no a las de las acusaciones populares, toda vez que ostentó su cargo de viceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004, siendo así el segundo de a bordo de un departamento cuya consejera entre 1994 y 2004 fue Magdalena Álvarez, también acusada y que le había precedido a la hora de comparecer ante el tribunal.

Salgueiro, quien además presidió Renfe tras su paso por la Administración andaluza, ha admitido que como consecuencia del proyecto de decreto promovido a partir de 1999 para regular las subvenciones destinadas a apoyar la jubilación anticipada de trabajadores de empresas en crisis hubo "algunas tensiones" para "ver con qué" número de funcionarios se contaría para las "tareas" asociadas a dicha regulación, si bien ha dicho no recordar que quedase de relieve ninguna "falta de personal" como tal.Ninguna "petición" de la Intervención

Precisamente por ello, ha negado que desde la Intervención General de la Junta recibiese ninguna "petición general" o específica en materia de recursos humanos, de cara al "desarrollo" de dicho proyecto de decreto.

Respecto a las modificaciones al alza de los programas de los presupuestos autonómicos destinados a sufragar las citadas ayudas sociolaborales, que habrían carecido de la preceptiva fiscalización y publicidad, Salgueiro ha reconocido que "conocía" estas modificaciones, pero ha negado cualquier "participación activa" en ellas y ha precisado que no tenían "nada que ver" con el mencionado proyecto de decreto.

No obstante, ha defendido que las mismas estaban sujetas a procedimientos "muy reglados" y al "preceptivo informe" de la Intervención, negando que desde la Consejería de Empleo o la propia Intervención se le avisase de "reparos" de esta última instancia a los pagos promovidos para las subvenciones de las prejubilaciones.

Niega intentos de "soslayo"

Salgueiro ha precisado que las modificaciones presupuestarias de la administración andaluza parten de la consejería gestora de la aplicación presupuestaria en cuestión, negando que estos instrumentos fuesen usados para intentar "soslayar los reparos" de la Intervención Delegada de Hacienda al pago de las citadas subvenciones.

"En ningún caso", ha defendido en reiteradas ocasiones, se "planteó" siquiera cualquier intento de "soslayar" la actuación de la Intervención Delegada de Hacienda o de evitar los procedimientos de fiscalización, porque todo se atenía al "método general" de actuación.

En paralelo, José Salgueiro ha manifestado que nunca tuvo conocimiento o avisos por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de algún "uso inadecuado" de las transferencias de financiación promovidas desde la Administración andaluza a favor de sus empresas públicas, agregando que la finalidad de tales instrumentos no se reduce a la compensación de gastos y pérdidas de dichas entidades.

Y es que a partir de 2001, el entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), después rebautizado como agencia IDEA, se convirtió en el ente pagador de las mencionadas ayudas sociolaborales.

Al respecto, el exviceconsejero de Economía y Hacienda ha explicado que ante anomalías así, habría mediado un "informe de actuación" de la Intervención General de la Junta, extremo que según ha recordado no sucedió.