El exconsejero de Empleo Antonio Fernández señaló ayer que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tenía «la suficiente libertad, responsabilidad y autonomía» para saber cómo hacer su trabajo en relación a la gestión de las ayudas sociolaborales y a empresas investigadas en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Así lo expuso durante la trigésima sesión del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el se concedían las citadas ayudas.

El exconsejero, para quien el Ministerio Público pide ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, afirmó, a preguntas del fiscal, que Guerrero no le consultó ni pidió el visto bueno para algunas ayudas o en lo referente a su cuantía, decisión de la Dirección General de Trabajo, asegurando que las cuantías de las mismas «las decidía Guerrero sobre la marcha».

Durante su etapa al frente de la Consejería, a partir de 2004, Guerrero «trabajaba con absoluta libertad, responsabilidad y discrecionalidad» en la gestión de las ayudas sociolaborales y a empresas dadas en virtud del convenio de julio de 2001 entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), por el que éste pagaba las ayudas concedidas por la Consejería en base a las transferencias de financiación con cargo al programa 31L que el departamento de Empleo hacia al ente instrumental. Según indicó, el viceconsejero y el secretario general no intervenían en la gestión de éstas.