17 de abril de 2018
17.04.2018
Tribunales

Juan Francisco Sánchez: "Nunca puse en duda que las actuaciones eran correctas"

Concluyen, con las palabras del exsecretario de Empleo, las declaraciones de los acusados en la pieza política del juicio de los ERE

17.04.2018 | 16:46
Juan Francisco Sánchez, durante su declaración en la Audiencia de Sevilla.

El exsecretario de Empleo (2000-2004) y de Innovación (2004-2010) Juan Francisco Sánchez ha declarado este martes que desconocía el procedimiento por el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas de los ERE pero "nunca" puso "en duda" que "sus actuaciones eran correctas y ajustadas a derecho".

Sánchez es el último de los acusados en la pieza política del caso ERE en declarar en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- que se sientan en el banquillo por prevaricación y malversación.

Se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por crear o mantener un "procedimiento específico" por el que el Gobierno andaluz repartió entre el 2001 y el 2011 más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Fue primero secretario general técnico de Empleo -el departamento que concedía las ayudas- y luego ocupó el mismo cargo en Innovación -la consejería de la que dependía el ente público IFA/IDEA que las pagaba con fondos que Empleo le enviaba por transferencias de financiación, según la Fiscalía para eludir la fiscalización previa-, y del 2010 al 2012 director de financadas de IDEA.

La secretaría de Empleo grababa los presupuestos de los diferentes departamentos de la consejería y tramitaba las modificaciones para incrementar partidas como la de las ayudas de los ERE en detrimento de otras, si bien Sánchez ha insistido en que se limitaban a tramitarlos y cada dirección general de la Consejería gestionaba sus partidas con "libertad" y "nunca" dudó que "obraban correctamente".

En el caso del director general de Trabajo, que gestionaba el programa de las ayudas de los ERE, tampoco pues "nunca puse en duda que sus actuaciones eran correctas y ajustadas a derecho, no se me pasó por la imaginación".

Las secretarías generales técnicas de las consejerías también eran responsables del archivo de las mismas y como tal ha reconocido que los informes de la Intervención alertando de lo "inadecuado" del sistema de ayudas pasaron por sus manos para archivarlos pero no era su destinatario y no conoció detalles de sus observaciones.

Ya estando en Innovación, archivó el informe adicional de 2005 sobre el ejercicio 2003 del IFA en el que la Intervención analizó una veintena de expedientes de ayudas concedidas por Empleo y concluyó que se otorgaron "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Sánchez ha señalado que sólo leyó "por encima las conclusiones" que iban referenciadas a la consejería que daba las ayudas, Empleo, a la que ya no pertenecía.

Sobre el convenio marco que en 2001 firmaron Empleo y el IFA (luego IDEA) a partir del cual el ente público pagaba las ayudas con fondos que la consejería le enviaba por transferencias de financiación, ha dicho que no se pidió informe jurídico al servicio de legislación de la secretaría técnica y lo conoció porque se aludía a él en las modificaciones presupuestarias que afectaba a la partida de las ayudas de los ERE.

Entiende que debió pedirse informe al Gabinete Jurídico si bien su publicación en BOJA no la ha considerado preceptiva.

Sí informó la secretaría técnica ante el proyecto de decreto que propuso la Dirección General de Trabajo para regular las ayudas, indicando que debía tener formato de orden, y ha dicho que nunca tuvo "claro" por qué no se llegó a aprobar.

No obstante, ha defendido que no había "necesidad" de "normativa reguladora" específica para las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis porque estaba la Ley de Hacienda Pública y el Reglamento de Subvenciones de la Junta de 2001.

Ha defendido que en la Junta "cualquier subvención tiene fiscalización previa" y preguntado si en el caso de las ayudas de los ERE al pagarlas vía IDEA se eludía ha respondido que "no tiene por qué" pues la Intervención delegada podía hacerlo accediendo a los expedientes de concesión de ayudas.

Cuando el fiscal le ha preguntado si sabía dónde estaban o alguien de IDEA le comentó que no tenían acceso porque estaban en la Dirección General de Trabajo ha respondido que no a ambas.

Tras haber concluido los interrogatorios a los 22 acusados, el juicio se retomará el lunes con la declaración de los primeros testigos, dos guardias civiles que participaron en uno de los atestados en la fase de instrucción, sesiones a las que ya no asistirán los procesados al haberles eximido el tribunal de acudir.

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