El Consejo de Gobierno aprobó ayer martes el proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que marcará las directrices de un sector que supone el 8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), el 10 por ciento del empleo de la comunidad y más de la tercera parte del total de sus exportaciones.
El empleo de calidad, la mejora de la competitividad, el equilibrio en la cadena agroalimentaria, la contribución a mitigar los efectos del cambio climático y la innovación y el desarrollo de las zonas rurales constituyen algunos de sus principales objetivos.
El texto, que será enviado al Parlamento de Andalucía para su tramitación definitiva, incorpora medidas pioneras en España en aspectos como el reforzamiento de la posición de los profesionales, la protección del suelo agrario, el aprovechamiento de los excedentes alimentarios, los mecanismos para conseguir precios más justos, la agilización de la respuesta a las crisis de sanidad vegetal o animal y la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la actividad agroindustrial, dijo el consejero de Agricultura y Pesca, Rodrigo Sánchez Haro.
La ley reconocerá a ambos colectivos como grupos preferentes en concesión de ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas.
