La Policía Nacional detuvo ayer a 24 personas, entre ellas empresarios y once trabajadores del Patronato de la Alhambra y Generalife, en el marco de unas diligencias sobre presuntas contrataciones irregulares en este monumento derivadas de la causa judicial abierta en 2015 por la adjudicación de audioguías.
La policía cifra en siete millones de euros el dinero presuntamente defraudado por esta «trama organizada» a cuyos miembros atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, fraude a la administración, malversación y tráfico de influencias, según informó la Policía, que no descartó nuevas detenciones.
Entre los arrestados ayer, que fueron quedando en libertad tras pasar por la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental a la espera de ser llamados por el juez instructor, figuran la que fuera directora de la Alhambra María del Mar Villafranca, según informaron fuentes de la investigación.
Villafranca ya declaró en calidad de detenida el 25 de junio de 2015 y dejó su cargo días después, cuando la Fiscalía formalizó una querella en su contra por supuestas irregularidades en la contratación del servicio de audioguías.
Junto a ella fueron asimismo detenidos ayer la que fuera secretaria general del Patronato Victoria Chamorro, que también fue arrestada en su día por la causa de las audioguías, y otro directivo del órgano que gestiona el monumento, José María Visedo, exjefe de la sección económica y de contabilidad.
Los 24 detenidos serán llamados a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, una vez analice «la voluminosa documentación intervenida y requerida en su momento al Patronato de la Alhambra y a otras instituciones», según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Se trata, según la Policía, de la segunda fase de la operación «Colina roja», puesta en marcha a raíz de la investigación judicial iniciada en 2015 por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Estos hechos delictivos no serían aislados, según la Policía, sino que las irregularidades se extenderían a un número de empresas que se estarían beneficiando de la adjudicación irregular de contratos por parte del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Los responsables actuarían «como un grupo criminal perfectamente organizado», lo que según la Policía ha dado lugar a la segunda fase de esta operación.
Empleados afines a los directivos
La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de Granada, se centra en el estudio de los contratos adjudicados por el monumento a ocho empresas desde 2007 hasta 2015. El modo de operar era siempre el mismo: la adjudicación ilegal de contratos a empresas que se comprometían a contratar a una red clientelar de trabajadores denominados «de la casa» afines a la cúpula directiva.
La organización tenía una estructura piramidal, con los máximos responsables del Patronato a la cabeza, seguidos del «personal intermedio» (funcionarios) y el externo (empresas investigadas). El personal intermedio del Patronato, «connivente y conocedor de la ilegalidad de los contratos públicos adjudicados», sostenía y daba solvencia al procedimiento administrativo, con la emisión de informes técnicos y de valoración, y visaba y conformaba el pago de las facturas presentadas.
