El nuevo alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez (PSOE), elegido hoy con los votos de su partido, ha asegurado que el anterior regidor, Juan Millán, inhabilitado por dos delitos de prevaricación urbanística, debía haber sido juzgado por la vía administrativa.
Jiménez ha manifestado a los periodistas que no le han gustado las circunstancias en las que ha accedido a la Alcaldía, "relevando a un compañero y a la persona más íntegra y honrada que he conocido por una situación nada agradable".
El alcalde ha hecho una defensa de su antecesor en el cargo y ha declarado que las denuncias urbanísticas debían tratarse como temas administrativos, por la vía del contencioso, "que es donde siempre han estado estos asuntos".
"En el caso de Juan Millán, tras la reforma de la ley ya no hay nada que hacer, pero sí vamos a trabajar para regularizar el urbanismo en La Viñuela y el conjunto de la comarca de la Axarquía", ha añadido.
El regidor, concejal en el Ayuntamiento desde 1991, ha querido tranquilizar a los vecinos que actualmente puedan tener problemas con sus viviendas y ha precisado que el Consistorio está redactando su nuevo PGOU en colaboración con la Diputación de Málaga.
Jiménez ha anunciado que, aunque aún no es oficial, la intención de su partido es que encabece la candidatura electoral del PSOE en La Viñuela y ha prometido que si gana las elecciones, sus principales objetivos serán la regularización urbanística y la creación de empleo.
El anterior alcalde dimitió del cargo el pasado 3 de febrero tras haber sido requerido para el cumplimiento de la sanción de inhabilitación especial para cargo público electo que le fue impuesta el pasado abril por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, que le condenó por dos delitos de prevaricación urbanística.
La sentencia condenaba al ex regidor a 15 años y medio de inhabilitación y a pagar una multa de 13.515 euros por dar tres licencias ilegales en 2001 y 2003.
En su fallo, el juez destacó que Millán otorgó por decreto las tres licencias "en un claro ejemplo de flagrante arbitrariedad contraria a los principios más básicos del recto ejercicio del poder público".
Asimismo, consideró que su declaración fue "palmaria" al admitir que "era él quien decidía si un proyecto urbanístico estaba o no en suelo protegido, y ello sin mirar informes técnicos y mucho menos sin consultar nada al secretario".
