Viviendas

Alcaldes exigen a la Junta una amnistía para las viviendas ilegales como en la Axarquía

Los regidores que con bolsas de inmuebles en suelo no urbanizable, partidarios de recibir el trato de sus homólogos axárquicos

27.03.2011 | 05:25

La amnistía para 11.000 viviendas ilegales de la Axarquía que ha anunciado la Junta va a agilizar la normalización del suelo no urbanizable de la provincia, pero aún se cuentan por miles, hasta 35.000, las casas por regular en Málaga. La mayoría de alcaldes del resto de comarcas quiere el mismo modelo, un trato que consideran digno y justo para todos.

Muchos incluso se lo han trasladado a la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, que engloba a más de 60 agrupaciones y un total de 1.500 propietarios de inmuebles ilegales. Otros consideran que la medida se ha tomado a las puertas de los comicios y es «electoralista». Así lo expresan también muchos afectados que desconfían de la posibilidad de ver transformado en realidad el anuncio oficial.

En el recorrido por los municipios destaca Mijas con 3.700 inmuebles pendientes de regularizar. El alcalde, el socialista Antonio Sánchez, no duda en reconocer que va a «solicitar a la Junta el mismo trato que ha recibido la Axarquía, para salvar el mayor número de casas posible. Hay un compromiso por parte de la Junta de que Mijas no será menos que la Axarquía y que, por tanto, habrá un porcentaje muy elevado de viviendas que se salven», manifiesta.

En Alcaucín, uno de los municipios axárquicos que no fue invitado al encuentro de alcaldes por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, hay casi 1.800 viviendas en suelo no urbanizable. El alcalde de esta localidad, Guillermo Pérez (PA), explica que se trata de «de uno de los pueblos más afectados por este problema». Y se muestra extrañado de que no participara en esa reunión: «Se deberá a la investigación judicial» –en referencia al «caso Arcos» sobre una presunta trama de corrupción urbanística que llevó a la cárcel preventivamente al anterior regidor alcaucineño, el socialista Jose Manuel Martín–. «No se nos dan soluciones y hemos estado solicitando reuniones en Sevilla continuamente, pero nada», agrega.

La Serranía, por su parte, no se identifica con la Axarquía. En Ronda se tramitan al año unos 150 expedientes sancionadores y apenas se trabaja en la actualidad en una treintena de casos de casas legalizables. «Ni por asomo llegamos a la situación de la Axarquía», explica el regidor de Montejaque, Miguel Alza, a su vez presidente del Consorcio de Municipios de la Serranía de Ronda.

Antequera y su entorno tampoco se libran de una práctica, la de construir en suelo no urbanizable, bastante generalizada. Más de 600 expedientes hay abiertos en el municipio, la mitad en El Pontón. Indica el alcalde, Ricardo Millán (PSOE), que la protección de la Vega antequerana, en el Plan Especial del Medio Físico, «impide que se levante la suspensión de la construcción en esta zona».

Otras 253 viviendas están por legalizar en Alameda, donde su regidor, Juan Lorenzo, se muestra optimista con el proceso ya abierto de legalización, mediante proyectos de reparcelación. Y también se cuenta hasta un centenar de viviendas irregulares en Valle de Abdalajís, según el alcalde, Alfonso García, o un total de 70 expedientes abiertos en Archidona, como argumenta el máximo responsable local, Manuel Sánchez.
El alcalde de Coín, Gabriel Clavijo, también es partidario de un trato homogéneo. Desde febrero, no obstante, cuando se pusieron en marcha planes especiales a partir de la aprobación de la adaptación del PGOU a la LOUA, ya se han podido dar pasos firmes. Se elabora en la actualidad el censo municipal de inmuebles irregulares y serán a priori unos 2.000. Y Cártama, según el regidor, José Garrido, también busca la regularización «siempre que las viviendas no estén en zonas inundables o protegidas».

Quien también ha iniciado una ronda para conocer la postura de los alcaldes es la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, María del Mar Vázquez. Les ha trasladado en nombre de las familias afectadas la necesidad de que se modifique la LOUA. «Porque lo dicho por la Junta no es creíble. Es mero electoralismo».

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