Urbanismo

Los afectados por la regulación de casas en la Axarquía se oponen a pagar más

La consejera de Obras Públicas y Vivienda anunció que la regulación no supondrá coste para las administraciones

 
Un grupo de viviendas diseminadas en el municipio de Alcaucín, junto al Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama.
Un grupo de viviendas diseminadas en el municipio de Alcaucín, junto al Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama.  F.E.

Fran Extremera. vélez málaga Potenciales beneficiarios de un nuevo decreto que la Junta anunció en marzo para la legalización, sólo en la comarca de la Axarquía, de unas 11.000 viviendas irregulares, no parecen muy dispuestos a asumir nuevos gastos. A raíz de la información facilitada por la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, que en comisión parlamentaria y a propuesta del PP indicó que ese procedimiento no supondrá coste alguno para las administraciones, ya se prepara un documento provincial como repuesta al decreto.
Los propios afectados han tenido acceso a un borrador de ese nuevo documento y tachan como «injusto» el trato equitativo que se le otorga a las distintas zonas de la comunidad autónoma. Cruz, que confirmó que el decreto está muy avanzado, señaló en la sede parlamentaria que serán los «inquilinos» quienes asuman los costes.
«No tiene sentido que la Axarquía, donde los propietarios disponen de licencias, ya han tenido que afrontar gastos de técnicos e impuestos, se les pidan nuevas inversiones», subraya la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, María del Mar Vázquez. Lo paradójico, como indica un integrante de la directiva de la asociación que reúne a más de 400 residentes afectados, Save Our Homes in Axarquía, es que se les haya cobrado a personas jubiladas unos 12.000 euros, sin que aún hayan podido ver culminado el sueño de regular sus casas rurales. El británico Philip Smalley explica que aún es más grave que la Junta ni siquiera haya ofrecido de momento cantidades, respecto a esos gastos que darán lugar a las definitivas legalizaciones.
Estos residentes son partidarios de que en última instancia sean los ayuntamientos los encargados de determinar si se ejecutan los procesos de regulación de casas en suelo no urbanizable o protegido y en qué condiciones económicas para sus propietarios. Serán aspectos que se debatan de forma unánime y con todos los colectivos de la provincia vinculados al futuro decreto, en una reunión a celebrar a mediados de este próximo mes de julio.
«La consejera, en esa aparición pública, no ha vuelto a descubrir mucho. Sabíamos que en la Junta eran partidarios de que los dueños de las viviendas fuésemos los encargados de pagar los gastos. Pero no es normal que se fije una misma política para la totalidad de los afectados, sin estudiar los casos de forma individual y ni siquiera por comarcas», sostiene Smalley.
Los residentes de Viñuela o Alcaucín, en la Alta Axarquía, especifican que ya tuvieron que hacer frente a sus asesores técnicos para levantar sus casas, cuando todavía consideraban que eran legales sus licencias y proyectos, y que luego volvieron a abonar dinero para recurrir los expedientes que abrió la Junta de Andalucía.
María del Mar Vázquez apunta en esta línea que existen propietarios en zonas de la capital, como el Puerto de la Torre, donde entre 1997 y 1999 se aplicó ya una regulación en el marco de un nuevo PGOU de Málaga. «Cómo le explicas a alguien que lleva más de 20 años en su casa, que ahora de repente es ilegal y que si quiere legalizarla tiene que abonar determinadas cantidades». Y lo peor, a su juicio, es que el futuro decreto no soluciona los casos en suelo que está protegido, «que son la mayoría, porque las órdenes de demolición no prescriben». Demasiadas dudas, aún por resolver.

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