El Consistorio de Vélez-Málaga (Málaga) ha informado de que 22 monitores deportivos y dos limpiadoras han puesto fin a la situación laboral irregular en las han estado desde hace más de siete años, ya que, este miércoles "han firmado su nuevo contrato como personal indefinido 'no fijo' con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga".

El concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez, ha señalado que con estas contrataciones "se acaba con una larga etapa de tráfico ilegal de trabajadores e irregularidades laborales propugnadas, toleradas y amparadas por el Gobierno del exregidor veleño, Antonio Souviron".

Por lo que, según ha relatado, se cumple, al mismo tiempo, con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 19 de noviembre de 2009, que ratificaba un fallo dictado en noviembre de 2008 en el mismo sentido en base "a una cesión ilícita de trabajadores".

"Desde el año 2004, los Gobiernos socialistas han permitido esta situación de ilegalidad que se estaba produciendo entre el ya desaparecido Patronato Municipal de Deportes y la empresa Limpiezas Crespo, por la que ésta última contrataba a los trabajadores que le designaban, dándolos de alta en la seguridad social y pagándoles el salario", cuando, según ha explicado, "en realidad quiénes ejercían los poderes de dirección y organización como empresario era el Ayuntamiento gobernado entonces por Antonio Souviron". Al respecto, el edil ha tachado de "muy graves" este tipo de actuaciones.

TRABAJADORES

La sentencia del año 2009, según ha explicado el concejal de Hacienda, "desestimaba los recursos interpuestos por el Ayuntamiento y Limpiezas Crespo, a la vez que condenaba al Consistorio veleño y a esta empresa al pago de las costas procesales y consideraba acreditado que se había producido una cesión ilegal de trabajadores demandantes, obligando al Ayuntamiento de Vélez-Málaga a admitir a éstos como empleados municipales".

En este sentido, Gutiérrez, ha recordado que los últimos Gobiernos socialistas vulneraron reiteradamente las normas de contratación administrativa y laboral a las que están sometidas las Administraciones Públicas, estableciendo condiciones laborales distintas, discriminatorias e ilegales entre los empleados públicos.

"La verdad es que resulta increíble que gobiernos llamados de izquierda, que dicen defender a los trabajadores, puedan haber incurrido en este tipo de actuaciones ilegales, con el daño que supone a la imagen del Consistorio veleño", ha concluido.