Una comisión de investigación constituida hoy determinará la responsabilidad de los políticos en la condena de 2,8 millones de euros que el Tribunal Supremo impuso al Ayuntamiento de Vélez-Málaga por no hacer frente a la contaminación acústica de una zona de ocio nocturno.

La comisión, en la que están representadas todas las fuerzas políticas municipales, investigará el daño causado a las arcas del Consistorio y la posibilidad de iniciar expedientes de responsabilidad patrimonial contra anteriores representantes de la corporación.

La sentencia, comunicada al Consistorio en julio de 2008 y que fijaba una indemnización total de 2,8 millones, obligaba a pagar a dieciocho vecinos del edificio Ipanema, 156.000 euros por los ruidos soportados entre 1999 y 2003 de la zona de ocio nocturno de El Copo, en el núcleo costero de Torre del Mar.

Además, el fallo incluía otra cantidad que es variable, equivalente a 12.000 euros por recurrente y año, desde el 16 de junio de 2003 hasta la efectiva adopción de medidas que hicieran desaparecer las molestias.

Esto, sumado a los intereses de demora, ha llevado a los vecinos afectados a reclamar recientemente otros 3,6 millones al Ayuntamiento, que hasta la fecha sólo ha abonado 2.086.000 euros correspondientes a la indemnización.

El alcalde de Vélez-Málaga, Francisco Delgado Bonilla (PP), ha explicado a los periodistas que esta comisión, que se reunirá de forma ordinaria cada dos meses, no busca "perseguir a nadie", sino que nace con el objetivo de saber qué ocurrió desde el punto de vista administrativo.

En este sentido, se examinará la documentación desde el año 1993, cuando se recibieron las primeras denuncias. "Una de las primeras cuestiones que hemos acordado es celebrar en reunión extraordinaria para que el abogado que ha llevado esta causa nos explique todo el proceso", ha señalado Delgado Bonilla, quien ha indicado que también se han programado los trabajos que la comisión desempeñará a partir de ahora.

Asimismo, el regidor ha informado de que se habían notificado dos requerimientos judiciales al anterior Gobierno tripartito relacionados con este caso, fechados en 2009 y en 2010, que no fueron contestados, "lo que demuestra la manera de gestionar que tenían, por lo que no nos hemos equivocado en crear esta comisión". "A este Ayuntamiento se le condenó porque no tramitó en su momento los expedientes oportunos y si los tramitó, no los ejecutó o se miraba para otro lado con la finalidad de no ver la cuestión principal, que eran las denuncias que estaban realizando los vecinos por los ruidos de El Copo", ha añadido.