JUANJO ZAYAS. VÉLEZ MÁLAGA.
En el año 1487, Vélez Málaga recibió el título de ciudad durante la etapa de los Reyes Católicos. Más de quinientos años después, la capital de la Axarquía añadirá un nuevo título, bajo la figura de municipio de gran población.
Tras ser aprobado en la Comisión de Gobernación de la Junta, la próxima semana el pleno de la Cámara Autonómica dará luz verde a esta propuesta. En la provincia de Málaga una ciudad que ya tiene esta consideración es Marbella.
La cuestión es saber qué supone ser un municipio de gran población, al superar los 75.000 habitantes y reunir ciertas condiciones históricas, sociales o económicas, así como las ventajas que lleva detrás esta declaración.
Distritos municipales
Ante todo, lo que cambia es la administración en la localidad y otra novedad será una mayor descentralización de los servicios.
A este respecto, Vélez Málaga se divide en once núcleos de población, ente los que se encuentran Torre del Mar, Almayate, Benajarafe o la Caleta de Vélez, con sus correspondientes tenencias. Esta situación geográfica condicionará la división en distritos municipales, a los que se les destinará una partida presupuestaria propia y en los que se podrán delegar la realización de trámites, como la solicitud de licencias.
La participación ciudadana también quedará reflejada en su nuevo reglamento, y sobre todo se articulará a través del Consejo de la Ciudad, un órgano consultivo formado por representantes vecinales y sociales. Su papel será el de elaborar informes, propuestas o estudios sobre actividades relacionadas con el desarrollo del municipio, como el presupuesto o los proyectos urbanísticos.
Además, también permitirá la figura de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, formada por los grupos que integran el pleno para trasladar las quejas sobre el funcionamiento de la administración local y la posibilidad de gestionar a través del Consistorio los impuestos municipales, como el IBI o el de vehículos, en vez de a través del Patronato de Recaudación.
Críticas
Sin embargo, no todos alaban este modelo, al que se le critica que supone, a fin de cuentas, un aumento del personal en la administración local en plena crisis económica y también menos participación para los partidos de la oposición.