La Junta da por rota la negociación para solucionar el conflicto

El alcalde de la localidad, Abdeslam Lucena (PP), rechazó el acta complementaria que había propuesto la Consejería de Educación para permitir la visita de técnicos de ambas administraciones al edificio para detallar y subsanar las supuestas deficiencias existentes. Pero al no firmar el acta de ocupación inicial en 2008, Lucena solicita una nueva.

«Desde el principio hemos mostrado buena voluntad, pero la situación nos obliga ya a solucionar el problema judicialmente», señaló ayer el delegado de Educación, Antonio Escámez. Por ello, se ha planteado un contencioso-administrativo contra el decreto del Ayuntamiento por el que se precintó el instituto y el ente de Infraestructuras y Servicios Educativos ha presentado otro pleito contra el decreto que ordenó la paralización de las obras de emergencia del muro de escolleras.

Educación solicitó la inclusión de la suspensión del precinto con carácter de urgencia dentro de las medidas cautelares, pero el Juzgado entiende que se garantiza el derecho de educación a los alumnos en las aulas prefabricadas que se encuentran en el instituto Joaquín Lobato de Torre del Mar.

El encuentro de los representantes de ambas administraciones se produjo el pasado 27 de enero en el Ayuntamiento de Almáchar. En él se marcó una hoja de ruta por la cual se elevaría una consulta a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación sobre la posibilidad de una nueva acta de ocupación, paso solicitado por el Consistorio, ya que a la que se firmó en septiembre de 2008 no asistió ningún representante municipal. En caso de que sea posible jurídicamente, se concretaría la entrada al edificio de los técnicos para la emisión del informe correspondiente.

El 3 de febrero, la Junta remitió un informe señalando que consideraba «válida de pleno derecho» el acta de 2008, «pero dado que el Ayuntamiento de Benamocarra no asistió al mismo, se podría proceder a un acta complementaria de la anterior», con el fin de incorporar los informes técnicos necesarios.

Escámez añadió que la Secretaría General Técnica de la Consejería reclama al Consistorio 1,8 millones de euros al no justificar las subvenciones por las obras de construcción del centro, incluyendo los intereses. Dicha resolución también se basa en «la obstaculización» de la administración local en la puesta en marcha del centro y en la no concesión de licencias de obra pertinentes.

Los padres del AMPA La Maroma de Benamocarra entienden que la solución judicial «puede tardar bastante tiempo», por lo que no saben cuándo volverán los niños al instituto, según el presidente, Juan José Gutiérrez. «Los padres seguiremos protestando, porque entendemos que el instituto no presenta ningún tipo de problema y porque queremos que vuelvan allí nuestros hijos».

De hecho, ayer por la tarde volvieron a manifestarse por las calles del pueblo, exigiendo que acabe el conflicto del centro educativo y que se pueda retirar el precinto que fue colocado por orden municipal a mediados del pasado mes de enero.

En el instituto La Maroma estudian cerca de 200 alumnos, no solamente de Benamocarra, sino también de los municipios vecinos de Iznate, Almáchar y El Borge. Durante el tiempo que permanezca el edificio cerrado, los estudiantes deberán seguir en los módulos que fueron habilitados por Educación en el instituto Joaquín Lobato de Torre del Mar.

Manifestación. Con gritos de «No es digno lo que hace con nuestros hijos» o «Precinto fuera, alumnos dentro», más de 250 personas se manifestaron ayer por las calles de Benamocarra, exigiendo la apertura del instituto La Maroma. La marcha, convocada por el AMPA del centro educativo, comenzó desde las instalaciones académicas con la lectura de un manifiesto, exigiendo que se acabe con la politización del asunto y defendiendo el buen estado de las instalaciones.