Urbanismo

Comienza la regularización de viviendas ilegales

La Junta aprobó en enero la reforma de la LOUA y el decreto que entran en vigor este mes

 05:00  

FRAN EXTREMERA Hoy entra en vigor el decreto de carácter urbanístico por el que la Junta va a facilitar la «regularización» de las viviendas existentes fuera de ordenación en el denominado suelo no urbanizable. Sólo en la zona de la Axarquía, el decreto beneficiará a unas 11.000 casa irregulares, que se sumarían a las existentes en el resto de la provincia y de las que aún no se posee un censo definitivo.

Pero a la vez se van a poner en marcha en este nuevo mes una serie de modificaciones importantes en la LOUA, la normativa urbanística que regula en toda la comunidad andaluza el desarrollo de los suelos urbanos y aquellos que se encuentran en el campo. La concejala de Urbanismo de Torrox, María Estrella Tomé, subraya el trabajo realizado por la Junta «para crear una norma que permita dar respuesta a la problemática de miles de ciudadanos y ciudadanas», de su municipio y, como parlamentaria socialista, del «resto de Andalucía».

La edil reconoce que ahora toca «hacer un esfuerzo desde las administraciones locales para poder atender», dentro de sus competencias, «la demanda existente al respecto». Según apuntó ayer en un comunicado, es «necesario» que las diferentes administraciones se encarguen de «sumar esfuerzos para dar respuesta a una problemática compleja que afecta a muchas personas. En el caso de su municipio, Tomé subrayó que se trabaja en la última modificación que el Parlamento ha introducido en la LOUA y «que afecta fundamentalmente a las edificaciones en suelo urbano» y que, como objetivo primordial, «viene a facilitar las actuaciones en la ciudad consolidada y agilizar la tramitación de los planes urbanísticos».

La parlamentaria torroxeña insistió en los pilares básicos del decreto, que, a grandes rasgos, distingue hasta tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos –parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos– y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado –edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos–.

Como avanzó este periódico en su edición del pasado 11 de enero, los propietarios que aspiren a regular sus viviendas en suelo no urbanizable deberán hacerse cargo del pago de prácticamente todos los gastos derivados de la normalización de sus respectivos inmuebles y de las obras de urbanización y dotación de servicios e infraestructuras básicas, tanto su construcción como su posterior mantenimiento. La Junta ha insistido durante estas últimas semanas en que se trata de una «regularización» con condiciones, de forma que no haya un agravio comparativo respecto a quien sí actuó conforme a la normativa al construir su casa en el campo.

Voces críticas en la Axarquía. Ayer también se sucedieron las voces acerca del nuevo decreto y de la movilización que el día 28 llevó a Sevilla a más de 5.000 malagueños con viviendas a regular en suelo no urbanizable. Los potenciales beneficiaros del documento protestan porque no es el «decreto que esperaban». Pero hasta portavoces municipales, como el andalucista de La Viñuela José Luis Florido, tildaban ayer el cambio normativo de «oportunista».

«El decreto no da una solución global al problema. Nos parece un parche electoralista que no contenta a nadie ni tiene una visión de futuro. Aquí se pone un parche a un error que los propios dirigentes socialistas de la Junta han generado con su pasividad durante años. En ningún momento se da una solución a lo que pueda venir en un futuro», argumentó Florido. El dirigente del PA, integrante de las directivas comarcal y provincial de su formación, recalcó que justo con este mes entra en vigor el nuevo decreto, «sin que haya delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda, como posible interlocutor para resolver los problemas que ahora aparezcan».

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