La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Benamocarra escribieron ayer un nuevo capítulo del esperpento en el que han convertido el cierre del instituto La Maroma. El alcalde de Benamocarra, Abdeslam Lucena (PP), emplazó ayer al delegado de Educación, Antonio Escámez, a las nueve de la mañana de hoy para elaborar y firmar un documento que autorice la entrada de los técnicos municipales y le exima de responsabilidad en caso de accidente.

Abdeslam quiere registrar ese documento en el juzgado, como condición sine cua non para elaborar un decreto que permita retirar el precinto de las instalaciones y que los técnicos puedan inspeccionar el interior del edificio, posteriormente.

Vuelta de tuerca. La cita de hoy no es más que una nueva vuelta de tuerca al problema ya que ayer, a la una y media de la tarde, estaba previsto que entrasen en las instalaciones educativas los técnicos municipales, los de la Diputación de Málaga y el Consorcio Provincial de Bomberos, según había convocado el propio Consistorio. Sin embargo, al final no entraron ya que el alcalde, Abdeslam Lucena, alegó la existencia de un auto judicial que se lo impide.

Horas antes, a las nueve de la mañana, el delegado de Educación, Antonio Escámez, se personó a las puertas del

centro para comprobar si se había retirado el precinto. Al ver que el acceso seguía restringido, dio instrucciones para que todos los días a las nueve de la mañana un funcionario público compruebe la persistencia de dicho precinto y facilite la inspección técnica de las instalaciones en cuanto el Ayuntamiento lo levante, tal y como anunció el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica.

El jefe de Planificación y Escolarización en Málaga, Marcelo Gaitán, informó a Lucena de que era necesario levantar el precinto para que los técnicos municipales pudieran inspeccionar el recinto, pero éste no aceptó. Incluso se negó a que el informe lo elaborasen los bomberos al entender «que se trataría de un informe parcial», cuando su intención es firmar un informe definitivo con todas las partes implicadas.

Educación sostiene que el auto judicial responde a una solicitud formulada por el Ayuntamiento para que se le dieran las llaves del centro, una opción que no sería posible al tener la Junta la titularidad del centro, y añade que continuamente se han cursado invitaciones al Consistorio para visitarlo.

El retiro del precinto no significaría la entrada de los alumnos, ya que estaría supeditado a los informes sobre el estado de las instalaciones. En caso de que no cumplieran con las condiciones de seguridad, se redactaría un nuevo decreto para volver a restringir el acceso al instituto.

Durante el encuentro entre Marcelo Gaitán y Abdeslam Lucena estuvieron presentes cerca de cuarenta padres de alumnos del IES La Maroma, que instaron a que se retire el precinto y que los 204 alumnos de los municipios de Benamocarra, Almáchar, Iznate y El Borge puedan volver al instituto y dejar las aulas prefabricadas del IES Joaquín Lobato de Torre del Mar, donde reciben clase actualmente.