Corrupción urbanística

Denuncias anónimas contra la corrupción

La operación de ayer refresca inevitablemente la investigación que escandalizó al pueblo de la Axarquía

 02:14  

J.A. SAU / J. TORRES ­La operación Tristán no es una sorpresa. Sale a la luz tres años después de Arcos, la investigación matriz que dinamitó la Guardia Civil el 27 de febrero de 2009 en Alcaucín en torno a la construcción de viviendas en suelo no urbanizable. Ese día fueron detenidos, entre otros, el que fuera alcalde del municipio, José Manuel Martín Alba, y dos de sus hijas, el ex jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, y varios empresarios. Martín y Mora han caído otra vez y la operación suma ya medio centenar de imputados. No hay Tristán sin Arcos.

Martín Alba, que dejó el andamio por la alcaldía en 1991. Conocido como Pepe Calayo en su faceta flamenca, fue señalado entonces por la Guardia Civil como el centro de una red que supuestamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable. Denunciantes anónimos gestaron un sumario que no escatimó en cargar las tintas. «Todo apunta a que existen evidentes conexiones entre el alcalde y empresarios del sector inmobiliario que actúan en la localidad realizando operaciones urbanísticas presuntamente al margen de la legalidad, y por las que Martín Alba podría haber recibido compensaciones personales que habrían engrosado su patrimonio», rezaba la denuncia inicial del instituto armado. Tras su arresto, la jueza le tomó declaración y no dudó en mandarlo a prisión el 3 de marzo de 2010 bajo los presuntos cargos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. También fueron enviados a prisión el arquitecto funcionario y algunos de los empresarios, aunque éstos quedaron en libertad bajo fianza. Martín Alba y Mora estuvieron tres y dos meses entre rejas, respectivamente, quedando ambos en libertad tras abonar 120.000 euros por cabeza.

La firmeza de la juez la sostenía un demoledor sumario que reflejaba el ambiente de los días anteriores al arresto del alcalde: los supuestos intentos por recalificar todo el extrarradio del pueblo –144.000 metros cuadrados– para legalizar de facto las innumerables irregularidades que se habían consentido en la zona. Los investigadores reflejaron que la Junta de Andalucía se negó a ello, diciendo que esa innovación en las normas subsidiarias suponía una «vulneración flagrante» de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Las conversaciones telefónicas intervenidas detectaban que los alcaldes de los municipios colindantes mostraban su preocupación, su temor a firmar cualquier documento que les pudiera implicar en algo ilegal. Además de las irregularidades por las que pudo percibir prenda o dinero que él llamaba «lana», ese documento pretendía legalizar, según el Instituto Armado, las viviendas que se estaban construyendo y las que no.

También destacaba el informe policial su amistad con Chiqui Mora, ex jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación y con quien, según los autos, había montado una maquinaria de informes falsos que supuestamente avalaban la concesión de licencias para casas ilegales o certificaban una antigüedad irreal en diversas construcciones para regularizarlas. «El arquitecto es la persona que, según parece, realiza la mayor parte de los informes utilizados para amparar expedientes de legalización de viviendas en Alcaucín. Muchas de éstas se construyen en suelo no urbanizable», incidía el sumario, que también señalaba que Martín Alba veía al funcionario directamente en su despacho de la Diputación.

A éste último, las pesquisas le responsabilizan de los presuntos cobros por realizar informes manipulados.Otra serie de pruebas aportadas por la Guardia Civil no ayudaron al exalcalde. En el registro de su casa encontraron 160.000 euros en metálico debajo del colchón y de los cuatro vehículos que tenía sólo justificó la compra de uno. En apenas dos años, presuntamente recibió cuatro cheques, uno de ellos de 7.000 euros.

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