El conflicto del instituto La Maroma, que mantiene a 204 alumnos en aulas prefabricadas, continúa alargándose. El pleno extraordinario celebrado ayer en la Diputación de Málaga, al que asistió una treintena de padres de alumnos, aprobó ayer con los votos del equipo de gobierno instar a Educación y a la constructora Excisa a que se firme un nuevo acta de ocupación, como paso previo para que los técnicos de ambas administraciones comprueben el centro y determinar si se retira el precinto.

La Consejería de Educación ya comunicó la intención de elaborar un acta complementaria a la de ocupación, ya que ésta se firmó en septiembre de 2008, al entender que es «válida de pleno derecho», según la Junta. Sin embargo, el Consistorio de la localidad rechaza esta posibilidad y pide que se elaborase una completamente nueva.

El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, comunicó el ofrecimiento de la sede de la institución para que se celebre una reunión entre representantes de Educación, de la empresa y del Ayuntamiento de Benamocarra para alcanzar un acuerdo que permita abrir el centro con la mayor celeridad.

Momentos previos a la celebración de la sesión plenaria, los portavoces de los distintos grupos y el alcalde de Benamocarra y también diputado popular, Abdeslam Lucena, trataron de llegar a un acuerdo para la visita de los técnicos estos días aunque sin resultado.

Así pues, los socialistas solicitaron en su moción, que contaba con el apoyo de IU, que se retirara el precinto de las instalaciones educativas. Sin embargo, el PP presentó una enmienda instando a elaborar un nuevo documento, y en la votación final el PSOE e IU se abstuvieron.

Lucena resaltó que fue Educación «la que mandó a los niños a las prefabricadas de Torre del Mar, ya que podría haberlas habilitado en el pueblo» y criticó la postura de la Junta «que no autoriza la entrada de los técnicos»; defendiendo además la necesidad de un acta nueva.

El portavoz socialista, Francisco Conejo, tuvo palabras durante su intervención para el regidor benamocarreño, «porque un alcalde no permitiría que los alumnos se marcharan a las aulas prefabricadas contando con un instituto nuevo». Toni Morillas, de IU, criticó la actitud de «infantilismo» de Lucena, «ya que sus vecinos salen a la calle, a manifestarse, y un alcalde se sentaría con ellos para hablar del tema».