Ecologistas en Acción concluyó en un estudio pionero fechado en 2009 que Alcaucín era el pueblo con mayor índice de insostenibilidad urbanística de la Axarquía; entre 2000 y 2008, la población del municipio se multiplicó más de un 63%, lo que explicaría, por ejemplo, por qué el Ayuntamiento trató de aprobar un nuevo PGOU con el que intentó convertir todo su extrarradio –144.000 metros cuadrados– en suelo urbanizable. Todo ello desembocó en febrero de 2009 en el caso Arcos contra la corrupción urbanística, que contabiliza hoy 55 imputados y ayer vivió su segundo episodio: ocho personas fueron detenidas y otras siete imputadas por estafar supuestamente a extranjeros con la venta de suelo no urbanizable que hacían pasar por edificable. Para ello, manipulaban los datos del catastro. Dos de los arrestados lo fueron por segunda vez: el exalcalde José Manuel Martín Alba y el ex jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación José Francisco Mora.
La jornada comenzó temprano: a las ocho de la mañana, cuando los más madrugadores acababan de tomarse el café, miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegaron al unísono a la unidad de gestión catastral del Patronato de Recaudación Provincial, ubicada en el PTA; a la gerencia del catastro, en la segunda planta de la Delegación de la Agencia Tributaria; a una sede catastral de Cristo de la Epidemia, a un despacho de abogados y a varios domicilios particulares. Los investigadores entregaron un auto firmado por Irene Urbón, titular de Instrucción tres de Vélez Málaga, en el que autorizaba a efectuar registros y ordenaba la detención de hasta ocho personas. Otras siete fueron imputadas.
La investigación de estos nuevos hechos empezó hace más de un año, como ya adelantó La Opinión de Málaga el 28 de enero de 2011, cuando la instructora comenzó a perseguir la estafa en la venta de viviendas a extranjeros. La Guardia Civil asegura que modificaron fraudulentamente el catastro, «haciendo creer a los interesados en la adquisición de suelo, principalmente a extranjeros, que sobre las parcelas que compraban se podía construir de manera legal, cuando en realidad se trataba de parcelas no urbanizables».
Este periódico ya informó de que el juzgado estaba buscando a los extranjeros estafados para ofrecerles personarse en el caso Arcos como acusación particular. Esta nueva línea de investigación dio lugar a una pieza separada sobre la que pesa el secreto de sumario para las partes y que se llevó con total sigilo hasta ayer.
A los detenidos se les imputan los delitos de cohecho, falsificación de documento público, falsificación de certificado emitido por facultativo, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y urbanística, y estafa. A éstos se añaden, según el auto, al que accedió este rotativo, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Entre los arrestados no sólo están José Mora y Martín Alba, éste esposado en su casa, sino también un funcionario del Patronato, dos de la gerencia territorial del catastro, un abogado con despacho en la capital ya detenido en febrero de 2009, cuando estalló el caso, y un promotor inmobiliario. Hay otros siete imputados, entre ellos tres auxiliares más de la unidad de gestión catastral.
Los funcionarios, «coordinados por un abogado, modificaban las bases de datos del catastro con la finalidad de introducir en la misma información falsa o cuando menos engañosa, dando cobertura legal a la construcción de edificaciones en suelo no urbanizable». A cambio de ello, siempre según la Guardia Civil, recibieron comisiones ilegales. En concreto, en torno a 300 euros según el caso.
La operación se enmarca dentro del caso Arcos contra la corrupción urbanística pero se denominó Tristán, y continúa abierta: no se descartan nuevas detenciones.
Los investigadores de la UCO se llevaron numerosos documentos del Patronato de Recaudación, aunque se centraron en expedientes posteriores a 2001. También copiaron archivos informáticos para su posterior análisis. En este registro, que duró hasta las 19.00 horas, la juez pidió en su auto que los agentes se emplearan con especial dedicación en «el despacho o puesto de trabajo» de cuatro empleados de la unidad de gestión catastral, «así como en zonas comunes o de archivo donde se localicen los expedientes que los agentes hayan identificado como sospechosos». La juez ya auguraba la incautación de ingente documentación.
Los agentes llevaron al funcionario del Patronato detenido a la sede del edificio para que colaborase, como otros tres de sus compañeros, en los registros.
Mora fue arrestado cuando se dirigía a su trabajo en la Diputación, y Martín Alba en su domicilio. Algunas fuentes también apuntaron que se están investigando «alteraciones de lindes, segregaciones y certificaciones de antigüedad» relativas a casas en suelo rústico. Los arrestados pasaron la noche en la Comandancia de la Guardia Civil del Arroyo de los Ángeles, y previsiblemente hoy declararán ante los agentes y, el jueves, ante la juez, que deberá decidir sobre su situación personal.
Fuentes del entorno del exalcalde, antes del PSOE y ahora edil de una formación independiente, se quejaron de que siempre que se le ha requerido ha acudido a declarar. Martín sigue defendiendo su inocencia, y asegura que sus ingresos provenían de su trabajo como comercial, del cante y de la albañilería.
Otras fuentes aseguraron que el sumario se está engordando con otros procedimientos aledaños al principal también por promociones y casas en suelo no urbanizable, incluso de finales de los noventa. El letrado José Carlos Aguilera, defensor de Mora, por su parte, consideró los arrestos «difícilmente justificables». «Y ello porque a estas alturas no son medidas necesarios, sino innecesarios y desproporcionados, en el marco de una investigación que se prolonga ya por tres años y medio y en la que no se aprecia el horizonte de su finalización», afirmó. Se quejó, además, de la pena de calabozo a la que son sometidos los investigados –ya hay más de medio centenar–.
El jurista se quejó también del estado en el que se encuentran los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.
